Piden el sobreseimiento de médicos imputados por la muerte de Valentín Godoy

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dictó un cuarto intermedio para analizar los pedidos de las defensas de seis médicos imputados por una supuesta mala praxis que habría derivado en la muerte de un chico de 14 años que ingresó al Hospital San Roque de Paraná con un cuadro de apendicitis que se fue agravando, según sostiene la querella autónoma a cargo de Eduardo Gerard, porque no se tomó la decisión de cambiar la medicación que se le sumistró al paciente cuando ingresó al hospital.

Garzón también analizará el pedido de la querella autónoma, que solicitó que se rechacen los pedidos de atipicidad por inexistencia de delito y pedido de sobreseimiento a partir de la aceptación de la Excepción por Falta de Acción presentado por las defensas. El juez adelantó que se dará a conocer su resolución en fecha y hora a decidir por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

Leopoldo Lambruchini, que representa a dos cirujanos, sostuvo la “irrelevante” importancia “jurídico penal” del comportamiento atribuido a sus defendidos, que las defensas de los otros coimputados hicieron propia; recordó que Fiscalía en dos oportunidades dispuso el archivo “fundado” de la investigación por inexistencia de delito, que fue confirmado por Fiscalía de Coordinación;  sostuvo que sus defendidos fueron convocados a la segunda y tercera intervención quirúrgica que se le realizó al chico sin participar de la etapa previa de control y suministro de la medicación que es el eje del conflicto.

El letrado negó que sus asistidos no hayan suministrado la medicación que sugiere la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) porque no era de su responsabilidad; sostuvo que la que se recetó y suministró fue la que prevé el protocolo acordado en el hospital y tiene el status de norma administrativa; criticó que en el caso hay “un abuso del Derecho Penal”; añadió que la querella pretende, “con el diario del lunes” decirles a los profesionales qué protocolo y qué medicación se debió suministrar y cambiar puesto que el cuadro no se modificaba en favor del paciente.

También cuestionó el defensor los dichos del ex médico del Cuerpo Médico Forense de Tribunales, Julio Aguirre, que en un informe sostuvo que se debieron seguir las recomendaciones de la SADI y que la decisión de cambiar la medicación según aquellas recomendaciones, era “un deber moral”. En este sentido, destacó la defensa que el médico es “lego” en Derecho y añadió que “acá estamos debatiendo responsabilidades jurídicas”.

El querellante autónomo respondió rechazando el pedido de las defensas y precisó que se investiga a profesionales que desempeñaron roles y tuvieron responsabilidades distintas durante el período que el paciente estuvo internado entre el 24 de marzo de 2020, en el comienzo de la pandemia por el virus Covid-19, y el 7 de abril cuando falleció después de cinco intervenciones quirúgicas.

Tras señalar lo que consideró “desprecio técnico” por parte de las defensas en referencia al informe de Aguirre, sostuvo que el “cuadro medicamentoso” que se le suministró al chico no se modificó a pesar de que el cuadro no evolucionaba y se agravaba. Sostuvo que cuando se tomó la decisión, ya era tarde. Postuló que la medicación que no se modificó tempranamente “reforzó, ponderó y fortaleció” los gérmenes que derivaron en el cuadro infeccioso que mató al chico.

Querella

La querella autónoma -que estuvo acompañada por el padre de la víctima, mientras que la hermana estuvo en el salón de audiencias- defendió a la SADI al considerarla “el órgano máximo nacional” en la materia, respondiendo a las observaciones de las defensas que advirtieron que aquella emite opiniones “generalistas” de la temática, sin considerar los protocolos que cada región se da a sí misma según idiosincrasias regionales. También señalaron que existen innumerables sociedades en la materia que no se ponen de acuerdo.

El querellante entendió que los médicos tuvieron la posibilidad de modificar la medicación pero no solo que no lo hicieron sino que habrían aportado al resultado muerte por una “concatenación” de decisiones desacertadas.

El hecho

El caso que se investiga ocurrió a finales de marzo de 2022 y principios de abril de aquel año. Seis médicos fueron acusados del delito de mala praxis en perjuicio de un chico de 14 años. Fiscalía archivó dos veces la causa por inexistencia de delito, pero la querella logró el 5 de mayo de 2022, la conversión de la acusación pública en privada. (APFDigital)