Buscan crear un área legal en la Policía para defender a uniformados acusados de apremios y otros ilícitos
El texto que debate la Legislatura no especifica esa función. Solo detalla en el artículo 4º el cambio de nomenclatura y que pasará a depender directamente del Jefe de Policía.
El real alcance de la reforma legal lo especificó Roncaglia ante la comisión de Seguridad del Senado. La idea es aglutinar a todos los policías que son abogados y que están desperdigados en otras áreas en una sola unidad que se encargue de la defensa de las intervenciones de los uniformados.
Lo que se plantea es que “el mismo Estado, la institución (policial) pone un conjunto de abogados para estar atentos aquellas cuestiones donde intervengan policías y tengan algún inconveniente en esa función. Un cuestionamiento una denuncia por apremios, por mal secuestro”, graficó el funcionario.
“Si un detenido dice «el policía me pegó» que es un cliché clásico para empiojar las causas, no digo que no pase, pero es un cliché clásico, ¿quién defiende al policía? Un privado. Desde mi punto de vista está mal”, expresó el Ministro durante la reunión, realizada el pasado miércoles 6.
Luego, puntualizó: “A los policías abogados que han estudiado los queremos concentrar en esta división para no tener que contratar un (letrado) particular. Ahora: si fue a robar, que se embrome. Que consiga su abogado”.
“Pero el policía que trabajando tiene un inconveniente (sic), que nosotros lo llamamos accidentes laborales, alguien lo tiene que defender”, argumentó. De lo contrario “lo dejamos solo” teniendo que recurrir a un abogado “particular” que se paga en parte con el fondo solidario que tiene la Policía. “Yo considero que no está bien”, expresó Roncaglia, quien asistió al Senado acompañado del Jefe de Policía, Comisario Claudio González.
La medida, de instrumentarse, equivaldría a que el Ministerio de Salud cree un área de abogados para defender al cuerpo médico y de enfermería de las acusaciones de mala praxis que les pudieran recaer.
Un antecedente cercano se registró durante la reforma constitucional de 2008. Los convencionales habían votado una cláusula por la cual el Estado pagaría el abogado de los funcionarios acusados de incumplimiento de funciones o de hechos de corrupción. Ante la gravedad de sus posibles derivaciones, ese tramo del artículo fu eliminado del texto final. (APFDigital)
