Investigan la agresión de policías a un joven albañil. Cámaras de seguridad registraron el hecho
La Fiscalía de Paraná investiga la denuncia de un joven por la agresión de un grupo de policías que lo increpó en su casa. El episodio quedó grabado por una cámara de seguridad y no pareciera dejar margen de discusión.
Una camioneta de un grupo especial pasa por el frente de la vivienda ubicada en calle Luis Palma, frena unos metros más adelante al escuchar al muchacho que dice “qué pasa”, retrocede, se bajan tres uniformados con las armas, discuten con el joven que estaba sacando ramas de un árbol podado, se vuelven a subir al vehículo policial, y uno de ellos se vuelve a bajar, lo toma del cuello, lo tira al suelo y en la acción le rompe la rodilla. Los otros tres colaboran, lo reducen, lo suben al patrullero.
Lo llevaron a la sede de calle Racedo y Luis Palma. Luego lo trasladaron al médico policial en los consultorios de calle Rondeau y lo liberaron.
El video fue exhibido en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral)
“No entiendo por qué lo hicieron”
Marcelo Bruffal, víctima y denunciante, contó en diálogo con Cuestión de Fondo lo sucedido: “La situación fue el jueves a la tarde. Yo había llegado de trabajar, el fin de semana había cortado los árboles y mi mamá me había dicho que le haga el favor de sacarle las ramas. Entonces, me puse a sacar las ramas mientras mi hermano me ayudaba a limpiar. Y en un momento me llamó mi hermana, me preguntó que no me acuerdo qué, yo le pregunté ‘¿Qué pasa?’. En ese momento, justo pasa el móvil de la policía que yo no lo había visto. Cuando entro se habían bajado los oficiales y me empezaron a agredir verbalmente, yo no entendía el motivo. Me decían que yo bardeaba, que insultaba a la Policía, no sé qué. Y yo les dije claramente que estaba trabajando. Como no les di motivo, ellos amagaron a irse y yo seguí haciendo mi trabajo, seguí sacando las ramas. Cuando llego a tirar la segunda tanda de ramas viene un oficial, que no lo llegué a ver, me manotea de atrás y me derriba. En ese movimiento me rompe la rodilla. Después me llevan al destacamento de ellos, me toman la identificación y me dejan atrás de la Escuela Hogar, en la revisación médica y me dejaron allá. Pero no entiendo por qué lo hicieron”.
Volviendo al momento inicial, cuando en el video se escucha que él dice “¿Qué pasa?”, lo que fue interpretado por los policías como palabras dirigidas hacia ellos, Marcelo volvió a decir: “Yo estaba hablando con mi hermana y no sé si ellos lo tomaron mal o habrán pensado que yo se lo dije a ellos, pero nunca tuve un motivo para decirle a ellos. Si estaba trabajando y no tengo ninguna mala intención tampoco”.
Al momento de ser atacado por el policía de mayor porte físico, Marcelo recordó: “No llegué a decir nada porque le dije ‘soltame’. Cuando me agarró, me tiró enseguida y ahí en el piso, yo le dije que me había roto la rodilla. Él me quería poner las esposas, me dijo que le aflojara el brazo para que me levante, porque él estaba arriba de mi rodilla y no me dejaba levantar. Entonces, tuve que aflojar mi brazo para que él se levante. Aparte la empujaban a mi hermana y la maltrataban”.
El muchacho afirmó que “es la primera vez” que le sucede algo así con la Policía: “Me sorprendí mucho por la reacción que tuvieron”. Además, negó conocerlos: “No, absolutamente no, que yo sepa”. En la denuncia había manifestado que a uno de los tres policías podía llegar a conocerlo, por lo cual aclaró: “Lo he visto antes, cuando practicaba en Sportivo, los crucé, pero como yo pensé que ellos me habían conocido, pero decían que no, así que no los conozco”.
Luego, Marcelo contó cómo vive desde el jueves: “Sinceramente no me puedo mover. No puedo dormir porque me duele muchísimo la pierna, no puedo pisar y necesito trabajar. Más que nada necesito tener una solución para la rodilla. Y en el hospital me dan vueltas, me dan vueltas, pero no encuentro una hasta ahora”.
Es albañil y se encontraba trabajando en una obra: “Salí a las 1 de la tarde y cuando llegué me puse a trabajar en casa. Y ahora hasta que no me llegue una solución, que no sé cuánto tiempo me tomará esto, no creo que me aguanten mucho. Porque necesito trabajar para comer también, mantener a la familia también”.
“Espero que se haga justicia más que nada y que traten de no andar así insultando a la gente que no tienen motivo, y sacar a esta gente así de la calle porque no sirve. En vez de ayudar, hacen las cosas mal y eso para mí no está bien, sinceramente”.
Actuaciones administrativas e investigación penal
Marcelo fue con su familia a radicar la denuncia en la División Asuntos Internos de la Policía, en la sede central de la fuerza en calle Córdoba. Afirma que lo trataron bien, le tomaron la declaración, se sorprendieron al ver el video e iniciaron el trámite administrativo interno, al tiempo que remitieron las actuaciones a la Fiscalía.
Tanto desde la Jefatura policial como desde la Departamental Paraná, se informó que se tramitan las actuaciones correspondientes al caso, tanto en el plano administrativo como judicial.
Los tipos de causas en la Fiscalía
Según se informó a Cuestión de Fondo, la Unidad de Violencia Institucional abrió 17 legajos desde enero hasta el momento. Las dependencias policiales donde cumplen función los acusados en estas causas son variadas. Se refieren a hechos sucedidos tanto en procedimientos callejeros como en el marco de allanamientos u otras medidas judiciales.
Asimismo, se precisó que la gran mayoría de estas causas se originan por denuncias de parte de personas que pretendieron interrumpir o resistir un proceder policial legítimo y en esas circunstancias, se enfrentaron a la Policía.
Uno de los casos en que la Fiscalía avanza hacia la formal imputación de un grupo de policías es un hecho sucedido hace dos meses, cuando efectivos identificaron a una persona en la calle, lo golpearon en inmediaciones de la comisaría octava sin bajarlo del móvil, lo llevaron al médico policial, y luego lo trasladaron hacia un descampado por calle Ambrosetti, donde los esperaba el otro patrullero. Según las constancias del legajo, lo golpearon con los puños, a patadas y con un palo. Recién luego de ese momento comunicaron al 911 el traslado y lo asentaron en el libro de novedades. El informe médico precisó que le causaron lesiones leves.
El fiscal Alfieri está por citarlos a declaración de imputados y luego, con la investigación agotada, requerirá la elevación a juicio.
En algunos casos en que hay individualización inmediata de los funcionarios que están involucrados en una denuncia de este tipo, se dispone como medidas cautelares que les saquen el arma y queden en situación pasiva hasta que se esclarezca el suceso. Aunque lo más frecuente y efectivo, se informó, es la comunicación a la superioridad policial para que se tomen las medidas correspondientes.
Un protocolo y 38% más de detenciones
En los últimos dos o tres años al menos, se ha incrementado la presencia policial en las calles, con lo cual esto trae aparejado un mayor número de procedimientos policiales, sea de identificación, sea procedimientos en flagrancia por la presunta comisión de algún ilícito. Lo que no podría afirmar es que proporcionalmente esto ha significado mayor cantidad de causas de violencia institucional. Nosotros, en el ámbito de la Defensoría, contamos con un protocolo que fue aprobado por una resolución del defensor general allá por el año 2019, si mal no recuerdo, en el que los defensores públicos están obligados a generar un registro por cada uno de estos casos de violencia institucional. Este registro, lamentablemente, como no tenemos una base de datos, un software con el cual poder ir almacenando esta información, sigue siendo medio artesanal. Es decir, todavía lo maneja cada defensor en cada una de las jurisdicciones de toda la provincia en soporte papel. Esto, obviamente, dificulta muchas veces la recolección de esos números como para tener un número concreto de cantidad de denuncias de casos de violencia institucional. Igualmente, el protocolo tiene la particularidad que no solamente registra los casos que son denunciados, sino también aquellos casos que no son denunciados, es decir, aquellos casos de violencia institucional donde la persona prefiere no hacer la denuncia por distintas razones, algunas obvias. Esos casos también el defensor público tiene la obligación de registrarlos.
Consultado acerca de si, en este panorama, se ha notado un incremento de causas en general, y cómo esto cómo impacta en el funcionamiento de la defensoría, Greca sostuvo: “Nosotros hemos visto incrementado enormemente la cantidad de trabajo por parte de esta defensa pública. Si bien no tengo estadísticas en este momento, en una comparativa que hicimos respecto de la cantidad de detenidos entre un mes del de este año y el mismo mes del año pasado, advertimos un 38% de incremento en la cantidad de detenidos. También señalar que esta cantidad de detenidos se ha sido se ha visto incrementada en toda la provincia. Hoy, concretamente, Concordia está con una situación de enormes dificultades con el alojamiento de personas detenidas durante el proceso penal que están recibiendo alojamiento en comisarías, cuando todos sabemos que las dependencias policiales no son idóneas para el alojamiento de personas. Este mayor número de personas no solamente se ha visto incrementado por esta mayor presencia policial, sino también, obviamente, por la situación económica y social que estamos atravesando. Si bien no es la única causa que explica el delito, si no tengo dudas que es uno de los factores más importantes que llevan a la comisión de ilícitos penales por parte de la población”.
Por último, el coordinador de la Defensoría Pública de Paraná se refirió a un gran drama social que impacta en la gran mayoría de las personas que son alcanzadas por el sistema penal, como es la problemática de las adicciones y el consumo de drogas: “Nosotros trabajamos con muchísimos de nuestros chicos de 18, 19, 20, 21 años, que todos están atravesando el problema del consumo problemático de sustancias estupefacientes. Si tengo que dar un número, digo que arriba del 80, 85% estamos trabajando en estas condiciones. Lamentablemente los organismos que con los que podemos contar, sea para la estabilización o para la rehabilitación de estos chicos, no son muchos. En la mayoría son privados y estos chicos que acuden a la a la a la defensa pública es porque están en condiciones de vulnerabilidad económica y por ende poder solventar, no tienen un trabajo estable, no tienen una obra social, no tienen una prepaga, no tienen nada. Desde los organismos públicos, muy poco. Obviamente trabajamos muchísimo con el Hospital Escuela de Salud Mental en la ciudad de Paraná, o colonia de Diamante o la colonia de Federal, pero no tenemos muchas más herramientas que estas, principalmente para lo que es la estabilización de cuadros de agudos, podríamos decir, de intoxicación. Ahora, en lo que respecta a rehabilitación, dependemos de determinadas ONG que hacen un trabajo formidable, pero que lamentablemente no alcanza para satisfacer las enormes necesidades, las enormes demandas que tenemos comunitariamente ante este enorme problema del consumo del consumo de sustancias por parte de nuestros chicos”.
