Logro de los vecinos: ordenan relocalizar la chatarrería Todoni
La vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná Gabriela Teresita Mastaglia, resolvió hacer lugar a la acción de amparo ambiental promovida por un grupo de vecinos de Avenida Circunvalación José Hernández, de Paraná, que reclamaban por el funcionamiento de un depósito de chatarrería. Adujeron que su funcionamiento afecta el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad. A partir de un amparo ambiental, la magistrada dispuso el cese total de la actividad que se desarrolla en el inmueble ubicado en Avenida José Hernández 2561 por la sociedad comercial Las 3E SRL.
También, la resolución judicial ordenó la relocalización del establecimiento y, en caso de resultar imposible, la transferencia de los residuos allí existentes a una planta de tratamiento y transferencia habilitada o la disposición final de los residuos en lugares habilitados; y el saneamiento y recomposición del medioambiente del inmueble y el área de influencia de éste, conforme los estudios a efectuar de acuerdo con las pautas indicadas en los considerandos precedentes.
La magistrada ordenó que, en el plazo de 30 días, Las 3 E SRL o cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta, elabore un plan de relocalización del predio que contemple un cronograma acorde a las medidas a adoptarse y la protección y recomposición del ambiente afectado, el que deberá ser elaborado conjuntamente con las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos, que supervisarán su cumplimiento.
La medida fue consecuencia de una larga acción de vecinos de la zona.
Vecinos de la capital entrerriana, lindantes con un negocio de venta, desguace y reciclado de partes en desuso de la familia Todoni, habían iniciado ante los Tribunales un pedido de amparo colectivo.
La solicitud fue admitida por la vocal de Cámara en lo Civil y Comercial Gabriela Teresita Mastaglia, quien llamó a la ciudadanía que tenga interés a registrarse en el litigio. Ahora el expediente quedó a cargo de los funcionarios en turno de la Feria Judicial. En la demanda plantean la necesidad urgente de resolución de “la situación de contaminación ambiental” que padecen, contaron a ERA Verde.
Una de las abogadas litigantes reveló que la chatarrería acumula desde el año 2005 unos 16 expedientes por faltas a las normativas municipales, con sanciones de multas. En la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos también se abrió un sumario en 2012 y una resolución de 2022 determinó el cese de actividades que no fue acatada, por lo cual la Fiscalía de Estado presentó una demanda de ejecución. “Se trata del caso de contaminación ambiental más grave de la ciudad de Paraná”, aseguraron.
Hacia fines del año pasado, un grupo de pobladores de avenida Circunvalación José Hernández y Almirante Brown de la capital entrerriana se presentaron a la Justicia para pedir un amparo ambiental por el funcionamiento irregular del negocio de desguace de residuos que desarrolla actividades bajo el nombre “Las 3E SRL”.
La presentación se suma a una serie de denuncias que se vienen acumulando desde hace casi dos décadas por la contaminación y perjuicios que provoca la “clasificación, venta y empaque de productos para el reciclado” que allí realizan, muchos de ellos considerados peligrosos. Como directivos de la firma se hace responsable a Romina y Diego Todoni. Romina Elizabeth Todoni tienen carga pública, ya que es concejal en la ciudad por el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
El caso de la chatarrería Todoni volvió a ganar trascendencia hacia mediados de noviembre de 2023, cuando el excandidato a intendente por Políticas para la República, Armando Sánchez, anunció que en el Concejo Deliberante se presentaría para instar a que el Departamento Ejecutivo Municipal a hacer cumplir normas de gestión de residuos, higiene y cuidado ambiental al negocio de “Las 3E SRL”.
En su defecto, pedía sanaciones y el traslado de una chatarrería que funciona en avenida Circunvalación José Hernández Nº 2.561. En ese momento, tal como informó, la Provincia ya había tomado intervención. Mediante la Resolución Nº 2.622 del 5 de octubre de 2022, la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos ordenó a Diego Enrique Todoni al “cese total preventivo” del negocio, al encontrarse actividad como generadora de residuos peligrosos, pero la medida nunca fue llevada a cabo. Por este incumplimiento, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos presentó una demanda contenciosa administrativa de ejecución, pidiendo “que oportunamente ordene llevar adelante la ejecución del mandato de cese preventivo autorizando el ingreso de la fuerza pública si fuere necesario”, señala el escrito al que accedió ERA Verde.
La solicitud de la Fiscalía de Estado es tenida en cuenta por la vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial, Gabriela Teresita Mastaglia, cuando admite la demanda colectiva de los vecinos contra la Municipalidad de Paraná por el funcionamiento del depósito de Todoni en la zona Este de la ciudad. Al admitir el amparo ambiental el 27 de diciembre pasado, la magistrada requiere a la comuna “la remisión de la totalidad de los expedientes administrativos, estudios, certificados, informes y todos los antecedentes relacionados con la presente acción”, al mismo tiempo que tiene presente el expediente contencioso administrativo iniciado por la Provincia. En el punto 10 de la resolución, Mastaglia dispone finalmente “notificar a las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio mediante la registración del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos”.
En diálogo con ERA Verde, una de las vecinas litigante planteó “la urgencia y necesidad de resolución inmediata a la situación de contaminación ambiental. Es un pedido de regularización de la actividad que data de varios años, no logrando que la empresa normalice la situación o se traslade”, señaló. Se recordó que “la actividad no se encuentra habilitada a nivel municipal, ni cuenta con Certificado de Aptitud ambiental provincial, y existen numerosas multas y presentaciones en distintos estamentos estatales, que no han prosperado en el objetivo de reorganizar la actividad y sanear el medio ambiente”, lamentó.
Sobre la presentación judicial, dijo que se adjuntaron los informes de la Secretaria de Ambiente provincial, “donde consta que se encuentran acopiados distintos residuos: plásticos, papeles, metales, tachos, chatarras, autopartes, envases de aceite, pinturas, depositados sobre el terreno natural, sin ningún tipo de impermeabilización. También existe acopio de baterías, tubos de GNC, matafuegos usados, material ferroso, envases de agroquímicos. La empresa los ha eliminado el cauce de un acuífero natural, que fue tapado. También se produce una alta contaminación sonora por el movimiento de carga y descarga de chatarra”, describió sobre la situación.
“Además de la contaminación mencionada, se produce la obstaculización de la calle publica que se ocupa con residuos, la rotura de calles aledañas por circulación de vehículos de gran porte y con grandes cargas”, agregó.
“Desde la municipalidad se han dictado numerosas intervenciones administrativas, desde una clausura en 2012 –declarada nula por una cuestión de procedimiento–, multas y apercibimientos”, fundados en expedientes en el Juzgado de Faltas. “¡Pero pagan la multa, y siguen!; siguen funcionando como si nada”, exclamó
“Como vecinos hemos agotado las instancias estatales administrativas, actualmente recurrimos a la justicia con la esperanza de que se solucione esta situación”, cerró.
Para la parte demandante, sin dudas, el caso “se trata del caso de contaminación ambiental más grave de la ciudad de Paraná”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
