En la misma ciudad y el mismo tipo de evento, hace tres domingos, una joven de 23 años sufrió un accidente que la llevó al borde de la muerte. Aldana Morillo fue operada de urgencia luego de haber caído de una moto en la picada ilegal del 10 de mayo, estuvo varios días en coma y recién esta semana salió de terapia intensiva.

Según se informó, en una nueva edición de esta peligrosa travesia donde además había motos robadas, alrededor de las 17.15 de este domingo efectivos de Comisaría Segunda y de Policía Científica observaron dos motos ocupadas por dos jóvenes cada una que realizaban maniobras peligrosas en una calle externa al predio.

Al advertir la presencia policial, los conductores intentaron huir y se desplegó un operativo que permitió interceptarlos a pocos metros.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que una de las motos, una Yamaha Krypton color bordó, tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo radicada el día anterior en Villa Elisa. Era conducida por un joven de 18 años, acompañado por un adolescente de 16.

La segunda moto, una Honda Wave negra, circulaba sin patente, sin parte de sus plásticos y con los números identificatorios limados. Mediante pericias realizadas por Policía Científica se determinó que había sido robada en Concepción del Uruguay el pasado 25 de mayo. En este caso, era manejada por un joven de 19 años acompañado por un adolescente de 17, indicó AHORA.

Por disposición de la fiscal auxiliar Denise Caraballo, se secuestraron ambas motos y también un teléfono celular que llevaba el menor de 16 años. Los dos jóvenes mayores de edad fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y quedaron supeditados a la causa judicial, mientras que los adolescentes fueron entregados a sus familias.

Fuentes policiales señalaron además que los cuatro involucrados registran antecedentes.

Soledad era una mujer policía, pero vulnerable pese al uniforme y al arma reglamentaria: madre soltera que no podía criar a su hija con el ritmo, horarios y exigencias de la fuerza de seguridad. Decidió pedir licencia y en medio de las penurias económicas en el año 2021 se cruzó, una noche, a Leonardo Airaldi en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Diamante. En encuentro extraño entre la mujer y el terrateniente que le ofreció trabajo. Parecía un milagro caído del cielo: le ofrecía realizar tareas administrativas para sus empresas agropecuarias, un sueldo y podía pasar la tarde y dormir con su hija pequeña. Cuando debía volver a trabajar a la Policía, Arialdi le pidió quedarse y le prometió horarios accesibles y una obra social. Entonces, pidió la baja como agente. Unos meses después, el jefe se convirtió en patrón, como la obligaba a llamarlo.

Sus tareas reales iban mucho más allá de lo administrativo: pagaba servicios de la casa, organizaba compras de alimentos para el campo, la isla y la familia, coordinaba con los trabajadores rurales, tramitaba seguros de vehículos y de empleados, y colaboraba incluso con el cuidado de los mellizos de Airaldi cuando faltaban niñeras.

Dos o tres meses antes de la detención de Airaldi en Rosario, por tenencia de armas y droga, su conducta era diferente, ya no era ese jefe amable ni “encantador”: “Cambió muchísimo. Era otra persona. Se volvió agresivo. No sé lo que le pasó. No eran pedidos, eran órdenes. Y lo que él siempre decía: ‘Están en mi vereda o están en la vereda de enfrente’”, recordó Touzet.

Luego, narró los episodios de amenazas que le quedaron grabados en la memoria: “Te voy a arrancar la cabeza de un tiro, te voy a pegar un tiro entre ojo y ojo”, le dijo a su pareja y madre de sus hijos. A los empleados les decía: “A los que me fallan les pica la yarará”; “Te vas a dar cuenta de quién soy, vas a aprender lo que está bien y lo que está mal”, decía en mensajes intimidatorios a la expareja de Soledad cuando ella dejó de responderle.

Además, trató a otra empleada de “negra de mierda”. A Soledad la llamaba “pelotuda”, entre otros insultos irreproducibles, y le decía “que tenía cabeza de basura”, amenazando con que iba a quedar sin trabajo y sin poder alimentar a su hija. También amenazó a la empleada doméstica con “rajarle un tiro en la cabeza o en la rodilla”, y a Armando Balcaza, su mano derecha durante más de 13 años, lo trató de “esclavo de mierda”.

También recuerda que Gisel Kranevitter, ex de Arialdi, le contó que el hombre anduvo a los tiros con un arma amenazando a menores en el barrio La Merced de Diamante. Airaldi portaba siempre una pistola 9 milímetros, que colocaba sobre el escritorio antes de sentarse. Decía hacerlo por su condición de persona de recursos y que le podían robar.

Mientras la mujer hablaba sin parar de llorar, no volaba una mosca dentro del salón de audiencias del Tribunal de calle Urquiza. Todos escuchaban con atención y nudos en la garganta. Entre el público se encontraban tanto la madre de Airaldi, Mirta Balbi, como la novia, Jimena Burne, quien estaba imputada, pero acordó una probation. La madre, por momentos, asentía con la cabeza en gestos de lamento. La novia, a veces, se reía en forma burlona. En un momento, Mirta se dio vuelta, se llevó el índice a los labios y le dijo a la chica: “Shh, está diciendo la verdad”.

“Era una película de terror. Yo nunca había sufrido todo lo que sufría ahí”, afirmó.

Drogas y combustible para avionetas

Soledad también describió hechos concretos sobre actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Por ejemplo, cuando Airaldi la enviaba a entregar paquetes sellados con cinta al bar Mandela, destinados a “Jupu” Erbes. Los paquetes eran cajas de medicamento de gotas nasales, envueltas en cinta transparente para que no las abriera. Esto ocurrió al menos dos veces.

Además, Estando Airaldi preso en el penal de Piñero en Rosario, le ordenó a Soledad que fuera al garage y retirara una bolsa (que describió como un paquetito de aproximadamente 1 o 2 kilos) y se la llevara a Erbes, quien sabría cómo proceder y le daría dinero. Airaldi le dijo explícitamente: “¿A vos te gusta cobrar plata? Con eso se pagan los sueldos porque yo estoy preso”.

“Yo ya sabía que era droga. No lo vi, señora, pero yo ya sabía”, le dijo la mujer a la presidenta del Tribunal, Noemí Berros.

Además, Soledad contó que descubrió marihuana en la casa durante la limpieza previa al tratamiento de rehabilitación que durante unos meses hizo Airaldi en el Sanatorio Adventista del Plata, y que Armando Balcaza también encontró sustancias en el campo (presumiblemente cocaína y marihuana).

Uno de los momentos en que más se sintió que Soledad hundió a Airaldi hasta la cabeza, fue cuando recordó que el patrón le ordenó que buscara en Google el número de una estación de servicio llamada “Aero Gálvez”, que llamara por teléfono y consultara el precio del combustible para avionetas (Avinet) y la disponibilidad de litros. Soledad cumplió el encargo y luego le envió un mensaje a Airaldi preguntándole: “¿Compro el combustible para la avioneta?”. En la transcripción de esta conversación en el expediente, Airaldi le respondió “borrá eso”. Soledad agregó en su declaración que el hombre fue a la oficina furioso y le dijo: “Un error más de esto y te vuelo la cabeza de un tiro”.

Días después, Armando Balcaza le explicó el contexto: “Sole ¿vos nunca fuiste al campo? ¿Para qué quiere una avioneta Leo?”. “No sé”, respondió. “Leonardo no siembra, no fumiga. Dos más dos son cuatro. Pensala”. “Ahí entendí todo”, dijo la mujer. Entendió que las avionetas eran utilizadas para el transporte de drogas hacia o desde el campo y cuál había sido el “error” que le marcó el patrón.

Rosarinos

Touzet relató que personas de Rosario frecuentaban el entorno de Airaldi de forma recurrente y sospechosa: “Balcaza mencionaba frecuentemente ‘los rosarinos que iban al campo’, que llegaban y se alojaban en la cabaña Puerto de las Cuevas”, propiedad de Airaldi cuyo alquiler, dijo, explota Burne. Airaldi cancelaba reservas pagas de turistas a último momento para que los rosarinos se quedaran en la cabaña, sin importarle los compromisos contraídos.

Una noche, a las 2330, Soledad recibió una llamada de un número desconocido que decía: “Decile a tu patrón que devuelva la camioneta porque le vamos a rajar un tiro a la mujer, a vos, que trabajás en Belgrano y Mitre, a los mellis, a él y a todos los que estén alrededor”.

La camioneta era una Hummer con la que Airaldi llegó poco después de ser liberado en la cárcel de Piñero, y que fue escondida en el monte del campo cuando los rosarinos fueron a buscarla. Una tarde, el patrón fue a la casa de Soledad para mostrársela y luego circular mostrándola por la ciudad.

Un tal “Javi” (de Rosario, posiblemente Javier Fernández), que Airaldi conocía, visitaba a Airaldi en el penal y le llevaba ropa, zapatillas y un iPhone 14 verde. Fue el mismo Javi quien le trajo ese teléfono de última generación a Soledad en Diamante. Balcaza le informó que Javi también había estado preso.

Durante esos casi dos meses de detención en Rosario, Airaldi llamaba desde números desconocidos que cambiaba constantemente, dos, tres o cuatro veces al día, recordó Soledad. Daba órdenes sobre compra de comida, colchón, mercadería, ropa interior, hasta pintura para el pabellón. Dijo que Erbes y Balcaza le llevaban milanesas, pollo y asado al penal de Piñero. Vivía como en su casa dentro del pabellón y seguía controlando el cobro de alquileres, saldos de empleados, y la logística del campo desde la celda.

Miedo y medidas de protección

Todo esto que vivió en el entorno de Airaldi, le causó enormes daños. Soledad detalló que sufrió episodios de hipertensión severa, que está bajo tratamiento psiquiátrico hace más de dos años, con medicación, que dejó la Policía y quedó sin trabajo estable desde entonces, que vive sola con su hija menor sin ingresos propios.

La mujer contó que cuando se enteró “lo de Candioti”, por el presunto plan criminal de Airaldi para mandar a matar con un sicario uruguayo al fiscal general José Ignacio Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, su habitual temor se multiplicó. No obstante, reunió fuerzas para sentarse ante el Tribunal y declarar durante dos horas.

“Usted no sabe el coraje que yo tuve que agarrar para venir acá y decir lo que estoy diciendo. Yo estoy medicada y estuve un montón de tiempo sin dormir. Es más, ahora tomé pastillas para venir acá porque estaba descompuesta. Pero yo no puedo dejar que un Airaldi sigua afuera haciendo daño. Yo no quiero ni que a mí me haga daño, ni a otra mujer, ni a mi hija. Yo no quiero más tipo así en la calle. Él no puede estar en la calle”. Y más adelante concluyó: “Tengo mucho miedo. No suelten a ese animal”.

El abogado defensor, Nelson Schlotauer, pidió medidas de protección para Soledad Cáceres, debido a lo que acababa de narrar y el temor que sentía. Tanto el fiscal general Candioti como el representante de la PROCUNAR, Diego Iglesias, consintieron la solicitud. El Tribunal dispuso que le otorguen el botón antipático y además que el ministro de Seguridad de la provincia Roncaglia sea informado y tome medidas al respecto. (Análisis)

Personal de la División Homicidios, realizó dos procedimientos y logró la aprehensión de «Totón», conocido en el ambiente delictivo. Está sospechado de hacerse presente en el espacio público, donde había muchas personas y niños realizando actividades recreativas, extrajo un arma de fuego de la cintura y efectuó un disparo en la pierna de la víctima, para luego darse a la fuga en un vehículo.

Vale recordar que tras el hecho, había sido detenido un hombre, pero con el avance de la investigación, se pudo establecer que Gómez “sería el presunto autor del hecho”.

El mismo quedó detenido a disposición de la fiscalía a cargo de la Dra. Valeria Vilchez.

Asimismo, se procedió al secuestro de un vehículo Peugeot 208, color blanco, propiedad del detenido, el cual habría sido utilizado para huir del lugar luego de cometer el hecho.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el partido que definirá a un nuevo campeón se disputará el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30, con público de ambas parcialidades.

Además, cabe destacar que el recinto fue definido con anterioridad al comienzo de los partidos eliminatorios, que comenzaron con los octavos de final el pasado sábado 9 de mayo, por lo que la cercanía del estadio para los hinchas del “Pirata” no estuvo planeada.

Con finalistas confirmados, River y Belgrano, el Torneo Apertura 2026 ya tiene designado el estadio en el que se disputará su partido decisivo: el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Siendo un estadio que ha contado con público de ambas parcialidades en distintos momentos de los últimos años, particularmente para recibir a equipos como River y Boca, el Kempes, ampliado en 2010, fue el elegido para un partido de la talla de una final del torneo nacional.

Anteriormente conocido como “Chateau Carreras”, hasta su renombramiento para honrar al histórico atacante cordobés que fue goleador del Mundial de Argentina 1978, en el que la Selección nacional se quedó con el campeonato, el estadio cuenta con capacidad para 57.000 espectadores y pertenece al Estado de la provincia de Córdoba, que habitualmente lo presta para las localías de los clubes Talleres, Instituto y el propio Belgrano.

Además, el Kempes es el segundo estadio más grande del país, solo por detrás del Monumental, y fue construido por el Estado argentino de cara al mundial mencionado, habiendo abierto sus puertas hace ya 48 años: el 16 de mayo de 1978.

El recinto cuenta con cuatro tribunas que llevan los nombres de referentes de los cuatro clubes más importantes del fútbol cordobés.__IP__

Las populares Luis Fabián Artime y Daniel Willington, recordados jugadores de Belgrano y Talleres respectivamente, contienen una capacidad de 11.500 espectadores, mientras que la platea Roberto Gasparini, ídolo de Racing de Córdoba, se ubica al este del campo de juego con un aforo para 19.600 personas, mientras que la tribuna platea Osvaldo Ardiles, surgido de Instituto, recibe a 14.400 personas. La distribución de parcialidades para ambos clubes aún no se determinó.

El operativo se extendió desde las 17:00 hasta cerca de las 23:00 y fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7, a cargo del Dr. Mariano Budasoff, con intervención de la Fiscalía del Dr. Santiago Alfieri.

Para concretar el ingreso al inmueble, colaboró el Cuerpo de Operaciones Especiales —COE—, que realizó la irrupción táctica de manera segura.

En el lugar, los efectivos secuestraron 63 envoltorios de cocaína, con un peso superior a los 40 gramos, además de marihuana fraccionada, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y una gran cantidad de elementos tecnológicos.

Lo que más llamó la atención fue el sistema de vigilancia instalado en la vivienda: televisores, monitores, cámaras analógicas y digitales, DVR, routers, decodificadores y cableado, que habrían sido utilizados para monitorear el exterior de la finca y controlar los movimientos en la zona durante las 24 horas.

Según fuentes de la investigación, el domicilio ya había sido allanado en otras oportunidades por causas vinculadas al narcomenudeo.

El procedimiento terminó con cuatro personas detenidas e incomunicadas: dos hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Cronología del hallazgo

De acuerdo con los testimonios brindados durante el encuentro, el dispositivo fue localizado el pasado 31 de marzo por un enfermero del sector. El hecho fue judicializado de inmediato y derivó en la apertura de una investigación sumaria contra un trabajador administrativo de la institución.

Sin embargo, el clima de tensión ha escalado en las últimas semanas. A más de 45 días del incidente, los trabajadores denuncian que no existen restricciones judiciales ni administrativas que impidan que el sospechoso regrese a su puesto de trabajo, lo que genera un sentimiento de desprotección e incertidumbre entre el personal y los pacientes.

Falta de respuestas institucionales

Durante la asamblea, las trabajadoras expresaron su malestar ante la falta de medidas preventivas por parte de la dirección del hospital. Aseguran que, si bien el equipo del Espacio de Género y Diversidad sugirió protocolos de cuidado colectivo, estos aún no se han implementado de manera efectiva.

«Queremos llegar a nuestros espacios de trabajo sin miedo. No solo está en juego nuestra integridad, sino también la de los usuarios y usuarias del sector, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad», manifestaron durante la jornada.

Acciones y marco legal

Ante la gravedad de lo sucedido, se notificó formalmente al Comité de Bioética (Cobipa) del HESM y al Órgano de Revisión Local de Salud Mental. Asimismo, desde la Secretaría de Género de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se exigió la plena aplicación del Convenio 190 de la OIT, que establece parámetros estrictos para la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Finalmente, los asambleístas advirtieron que este no sería un caso aislado, señalando la existencia de antecedentes similares que involucrarían a personal del sistema de salud en otras instituciones, lo que refuerza el pedido de una intervención intersectorial inmediata para garantizar entornos laborales seguros. (APFDigital)

La resolución fue adoptada en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”. Además, la magistrada resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulada por el defensor oficial Rodrigo Juárez, quien asistió a Hernández.

La jueza Castagno dispuso también, hasta que la sentencia quede firme, la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Hernández -que deberá contar con un dispositivo electrónico- y de González.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes plantearon sus argumentos sobre la pena que deberían cumplir los imputados, se efectuó en los Tribunales de Paraná el 23 de abril pasado. Ese día las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana pidieron la pena de prisión perpetua para Hernández y la condena a 23 años de prisión para González.

Por su parte las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, que asistieron a la imputada, solicitaron una pena de 8 años de prisión, mientras que el defensor Juárez -que lo asistió junto a su colega Fernando Callejo-, planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión peprpetua para Hernández.

Se trató del juicio por jurados número 158 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

11 de mayo de 2026

Uno de los destacados de la fecha fue la victoria de Ciclón del Sur, que se hizo fuerte y derrotó 3-1 a Peñarol, consolidando su buen arranque en el certamen. También sobresalió la goleada de Camioneros, que aplastó 5-0 a Argentino Juniors, en una de las diferencias más amplias de la jornada.

Por su parte, Universitario dio el golpe como visitante tras vencer 3-1 a Atlético Paraná, mientras que Atlético Neuquén también sumó de a tres al imponerse por el mismo resultado frente a Atlético VF.

En otros encuentros, Belgrano superó 3-1 a Sportivo Urquiza, Patronato ganó por la mínima ante Palermo y San Benito se llevó un ajustado triunfo 1-0 frente a Formación Independiente. Además, Los Toritos festejó con un 1-0 ante Instituto, y el único empate de la fecha fue el 1-1 entre Don Bosco y Oro Verde.

La competencia sigue al rojo vivo y cada punto empieza a pesar en una Liga que promete ser una de las más parejas de los últimos años.

La iniciativa presentada por Carlos Damasco remarca en sus fundamentos que la mayoría de las instituciones deportivas por dirigentes que trabajan ad honorem y sin personal administrativo que imposibilita cumplir con “carga burocrática para rendir los fondos que reciben del Estado provincial que muchas veces resulta desproporcionada y pone en riesgo el funcionamiento institucional”.

El diputado aclara que no es objetivo del proyecto sacar el control estatal sino plasmar un mecanismo de rendición “adecuado” a la realidad social y operativa de los clubes deportivos basado en la acreditación simplificada de actividades realizadas.

Por otro lado, el proyecto contempla una exoneración de aquellas rendiciones pendientes que hoy se encuentran observadas o en trámite ante el Tribunal de Cuentas o en sede judicial, siempre que se demuestre el cumplimiento del objeto social para el que se recibieron los aportes, publicó Apf Digital.

“Esta propuesta no debilita el control estatal, sino que lo adapta a la realidad concreta de instituciones esenciales, muchas veces relegadas o excluidas del sistema por no poder afrontar una estructura burocrática que no se corresponde con su modo de operar cotidiano”, señala el legislador del Bloque La Libertad Entre Ríos.

Por último, expresó: “Creemos firmemente que el Estado no debe convertirse en un obstáculo para la vida institucional de quienes, con compromiso y esfuerzo, suplen muchas veces su propia ausencia en los barrios, pueblos y comunidades. Por el contrario, debe acompañarlos, facilitar su desarrollo y garantizar su sostenibilidad”.

Entre los principales pedidos a las autoridades provinciales, solicitaron una recomposición salarial del 30% sobre el sueldo básico para todos los escalafones.

“El básico de Enfermería no llega a 300.000 mes y si bien se eleva el monto por otros códigos, nuestro salario sigue por debajo de la línea de pobreza y esto es indignante”, explicó una de las enfermeras en protesta. Y agregó: “Necesitamos que nos cuiden y apelamos a la solidaridad de la gente para que entienda nuestro reclamo porque el personal de salud pública también merece ser cuidado”.

También reclamaron la actualización del denominado Código 201, correspondiente a la actividad crítica, con el objetivo de que se ajuste de manera proporcional al salario básico. Además, exigieron el blanqueo de todos los incrementos salariales, rechazando pagos no remunerativos o en cuotas.

“Buscamos visibilizar las condiciones en las que trabajamos en el sector de salud y solicitamos un aumento salarial, el pago de la prolongación de jornada -ya que hay compañeros que llevan un año esperando- y el pase a planta permanente para quienes, incluso después de 15 años, continúan como suplentes. Además, rechazamos la incorporación de sumas no remunerativas ni bonificables al salario”, comunicó una de las enfermeras Patricia Aguirre.

Los trabajadores de salud pública pidieron el cese de la obligatoriedad de realizar 20 guardias mensuales y que se respete el límite de 160 horas de trabajo.

En el mismo documento, reclamaron el reconocimiento de feriados nacionales y provinciales como días de descanso o su pago al 100%, conforme a la normativa vigente. Otro de los puntos planteados fue el pago inmediato de horas adeudadas por prolongación de jornada.

Asimismo, solicitaron el nombramiento de nuevo personal para cubrir vacantes estructurales, con el fin de evitar sobrecarga laboral en los equipos actuales.

Los manifestantes también pidieron la modificación de la ley de enfermería vigente.

“Los aumentos fueron en negro y eso es inconstitucional”, completó Alejandro, referente del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (Sedapper) en el hospital.

“Esta iniciativa nació en el área de Enfermería pero el malestar es de todos los trabajadores de la salud pública y por eso nos manifestamos; cada vez nos exigen más cuidado humanizado, y nadie se humaniza con nosotros”, sostuvo Yanina Cotadini, enfermera del área de Terapia Intensiva del San Martín. La trabajadora también cuestionó que los aumentos salariales propuestos son “indignos”.

“En diciembre cancelaron las paritarias siendo que nosotros vivimos de nuestros salarios”, reafirmó al sentenciar: “A nadie le importa nuestra sobrecarga de trabajo y se burlan de nosotros”.

Advirtieron que, en caso de no obtener respuestas favorables, avanzarán con posibles reclamos judiciales y una movilización a Casa de Gobierno prevista para el miércoles 6 de mayo, publicó Elonce. (APFDigital)