Rosatelli fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) y posteriormente alojado en la cárcel de Paraná, donde permanece bajo estricta custodia y en una celda individual.

La investigación tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, con intervención del fiscal federal Leandro Ardoy.

El funcionario policial es hijo del exsubjefe de la Policía de Entre Ríos Juan Ramón Rosatelli y designó como abogados defensores a Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

EL CARGAMENTO DE DROGA Y EL VEHÍCULO BAJO INVESTIGACIÓN

Uno de los episodios centrales de la causa ocurrió el 13 de febrero, durante un procedimiento realizado en la zona conocida como Camino del Borello, a unos 200 metros de la intersección con la Ruta Nacional 12, en inmediaciones de La Paz.

En ese operativo fueron detenidas varias personas y se secuestró un cargamento de droga. Entre los detenidos se encuentra César Leonel Ramírez, alias “Checho”, de 34 años y domiciliado en La Paz. Otras dos personas también fueron detenidas, mientras que un cuarto involucrado permanece prófugo y sería hermano de uno de los aprehendidos.

La investigación, que había comenzado antes de aquel procedimiento, avanzó durante meses con tareas de inteligencia de la PFA para intentar determinar cómo funcionaba la presunta organización vinculada al traslado de la droga.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es un vehículo que habría sido utilizado para transportar el cargamento y que, según la investigación, habría pertenecido o sido provisto por Rosatelli.

El expediente también contempla un conflicto relacionado con la compraventa de esa camioneta, en cuyo contexto se habrían registrado denuncias por presuntas amenazas con un arma de fuego.

UN POLICÍA EN ACTIVIDAD BAJO INVESTIGACIÓN

Debido a que Rosatelli se desempeñaba como funcionario policial en actividad, las actuaciones operativas fueron derivadas a la Policía Federal Argentina, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de la investigación.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos respaldaron el procedimiento y ratificaron la colaboración con la Justicia Federal.

La declaración de Rosatelli aparece ahora como una instancia central de la causa, mientras el juez Leandro Ríos y el fiscal Leandro Ardoy continúan trabajando para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

NOTICIA EN DESARROLLO

Reporte 100.7

Los acusados de liderar la estructura son Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria, señalados por la Fiscalía Federal como los responsables de la compra, traslado y distribución de los cargamentos. Según se desprende de la investigación previa, la pareja utilizaba una cueva financiera radicada en Concordia para convertir abultadas sumas de pesos a dólares norteamericanos antes de emprender viajes hacia Buenos Aires, donde concretaban la compra mayorista de la droga.

Junto a los presuntos cabecillas, se encuentran en el banquillo de los acusados Dana Zatti —hija de Vargas, aprehendida tras retornar del exterior por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza— y Tamara Blanco, a quien la causa sitúa en el rol de venta al menudeo del material estupefaciente provisto por la red.

La desarticulación de la banda se concretó el 19 de diciembre de 2024 a través de un procedimiento de fuerzas federales. Aquel día, los efectivos intentaron interceptar la camioneta en la que transitaban Rodríguez Sanabria y Vargas a la altura de la Ruta Provincial 11. Sin embargo, los sospechosos emprendieron una fuga hacia la Ruta 26, derivando el seguimiento por caminos vecinales de los departamentos Victoria y Nogoyá.

Durante la persecución, los ocupantes arrojaron la sustancia al camino para desprenderse de las pruebas. Tras varios kilómetros de despliegue, el vehículo fue neutralizado. En ese instante, de acuerdo al expediente, Vargas se negó a descender del vehículo y llegó incluso a morder a una mujer policía que participaba del procedimiento para evitar su aprehensión.

Uno de los ejes centrales del juzgamiento radica en la maniobra económica desarrollada en la Capital del Citrus. En los allanamientos efectuados en diciembre de 2024 sobre el local financiero clandestino de Concordia, la Justicia secuestró 61.600 dólares, más de 55 millones de pesos, además de euros, guaraníes y reales.

El titular de la propiedad, Tomás Agustín Jacobi, fue imputado durante la instrucción, aunque actualmente cuenta con resolución de falta de mérito y no forma parte del presente debate oral. La defensa del comerciante sostiene que desconocía el origen ilícito de los fondos y que su labor se limitaba a la compraventa de divisas.

El episodio ocurrió alrededor de las 21, mientras el jefe y el segundo jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura de Policía Uruguay realizaban tareas de prevención y patrullaje en la zona de calle Gardel, en el asentamiento del ex Circuito Mena.

Según informó la Policía, al pasar frente a un grupo de viviendas precarias, los efectivos observaron a un hombre en la vía pública. Instantes después, una piedra de grandes dimensiones impactó contra la luneta trasera del móvil policial y destruyó por completo el vidrio.

Ante la agresión, los uniformados descendieron del vehículo e iniciaron la persecución del sospechoso, quien huyó a pie por los pasillos del asentamiento e incluso intentó ingresar por la fuerza a una vivienda para evitar ser detenido.

A pocos metros, los policías lograron reducirlo e identificarlo. Se trata de un hombre de 27 años, domiciliado en el mismo barrio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”, y un cartucho calibre 12/70 que se encontraban en poder del detenido.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado al Hospital Urquiza para ser examinado por el médico policial de turno y, una vez cumplido ese trámite, quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

Los progenitores dieron cuenta ante los profesionales médicos de los alimentos que había consumido recientemente, lo que puso el foco en un queso elaborado en la zona.

El olfato clave del can «Loki» y el sofisticado ocultamiento

La inspección inicial del vehículo cambió rotundamente de rumbo cuando entró en acción el can detector de narcóticos de la fuerza, bautizado “Loki”. El animal realizó una marcación positiva y unánime sobre distintos sectores del rodado, alertando a los gendarmes sobre la presencia presunta de estupefacientes en zonas no visibles.

Ante esto, los efectivos procedieron a efectuar una requisa exhaustiva y desarmar el habitáculo, logrando hallar:

• Los mismos se encontraban ingeniosamente escondidos en la zona interna de la guantera y en los guardabarros internos del baúl.

• El pesaje final arrojó la cifra exacta de 23,987 kilogramos de cocaína.

Además del millonario cargamento de droga, los agentes federales secuestraron el Volkswagen Vento, los teléfonos celulares de los sospechosos y documentación de vital interés para la causa.

Allanamientos en Concordia y Córdoba ante una posible red trasnacional

La causa judicial quedó radicada en el Juzgado Federal de Concordia, bajo la dirección de la jueza federal Analía Ramponi, con la intervención activa del fiscal federal interino Francisco Bernhardt y el secretario Alan Bergdolt. Tras la detención de los tres ocupantes del auto, quienes ya fueron indagados y permanecen tras las rejas, las autoridades ordenaron una serie de allanamientos simultáneos en las provincias de Córdoba y en la propia ciudad de Concordia.

El objetivo de estas irrupciones es reconstruir la ruta exacta de la cocaína y determinar los nexos locales. De manera provisoria, la Justicia Federal encuadró el expediente bajo los delitos de transporte de estupefacientes en concurso real con contrabando de estupefacientes. Los investigadores sospechan que, por el volumen de la sustancia incautada y la ingeniería de ocultamiento en el auto, se está ante una organización delictiva de gran escala con ramificaciones de carácter transnacional.

La sentencia fue dictada por el vocal Pablo Garrera Allende en una causa impulsada por la fiscal Evelina Espinosa. Según se informó, el condenado debía ser alojado en una cárcel para iniciar el cumplimiento efectivo de la pena, pero logró escapar un día antes de concretarse el traslado.

De acuerdo con la investigación judicial, el hecho por el que fue condenado ocurrió el 4 de agosto de 2024. La víctima y Rondán mantenían una relación de amistad y regresaban de un baile realizado en General Campos (departamento San Salvador) con destino a Estación Yeruá (Concordia) cuando se habría producido el ataque.

Según quedó establecido en el proceso judicial, el hombre golpeó a la joven y luego abusó sexualmente de ella. A partir de distintos elementos probatorios reunidos durante la investigación, la Fiscalía avanzó con la acusación que derivó en la condena.

Sin embargo, antes de que la sentencia comenzara a ejecutarse, Rondán logró sustraerse de la acción de la Justicia y desde entonces permanece prófugo.

En los últimos días se realizaron allanamientos en Estancia Grande y Yeruá, lugares donde existían indicios de que podría encontrarse oculto. Los procedimientos, difundidos por el sitio Concordia Policiales, no arrojaron resultados positivos.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de búsqueda para localizar al condenado y concretar su captura. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que cualquier información que permita determinar su paradero podría resultar clave para hacer efectiva la pena impuesta por la Justicia.

El episodio, que habría ocurrido días atrás, quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas y provocaron un fuerte repudio entre vecinos de la ciudad.

Qué se observa en el video

De acuerdo al material difundido, un grupo de adolescentes rodeó a la víctima en la vía pública y la atacó de manera repentina. La persona agredida se encontraba en una situación de clara vulnerabilidad al momento del hecho. Tras la agresión, quienes participaron del ataque se retiraron del lugar.

A partir de la circulación de las imágenes, vecinos reclamaron que el material sirva para identificar a los responsables y avanzar con las medidas correspondientes.

Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el avance de una causa, aunque el hecho generó una fuerte reacción social por la violencia ejercida contra una persona indefensa. El reclamo principal apunta a que las autoridades puedan intervenir para esclarecer lo ocurrido, publicó Ahora. (APFDigital)

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Andrés Queirolo al 1050, donde vecinos alertaron a la Policía por la presencia de un sujeto que se encontraba alterado y protagonizaba una situación de agresividad.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por el hombre, quien se abalanzó sobre ellos armado con un palo y un cuchillo. Ante la situación, y con el objetivo de resguardar la seguridad de los presentes, el personal intervino para reducirlo.

Durante el procedimiento, el jefe de la Comisaría de Herrera sufrió heridas cortantes en una muñeca y en varios dedos. Finalmente, el agresor fue controlado, aunque en medio del forcejeo cayó al suelo y resultó lesionado con el arma blanca que portaba.

El funcionario policial recibió atención médica en Villa Mantero, donde le realizaron curaciones y suturas, quedando fuera de peligro.

Por su parte, el hombre de 49 años fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por una herida en la zona del muslo. Permanece internado bajo observación médica y su estado será reevaluado durante la jornada. Fuentes policiales indicaron además que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del episodio.

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal María José Labalta, mientras que las actuaciones fueron encomendadas a personal de la Comisaría de Basavilbaso y de la División Policía Científica.

“Empobrecimiento generalizado”

Dijeron que “el Gobierno de Rogelio Frigerio y sus funcionarios no entienden la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos, donde la docencia como parte de las decisiones políticas de este gobierno sufre las consecuencias día a día”.

“En un contexto de empobrecimiento generalizado, de deterioro de nuestras condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas paramos”, ratificaron inmediatamente después según accedió El Entre Ríos.

Rechazo a la reforma jubilatoria

Argumentaron, además, que el paro se da “por la exigencia de un salario digno, por incrementos reales frente a la inflación, que nos ponga en perspectiva de superar la línea de la pobreza”.

“Paramos porque, sumado a esto, nos encontramos en la antesala de lo que se anuncia como una reforma jubilatoria”, lamentaron y marcaron que, “en los medios, el gobierno anuncia un pretendido proyecto que ataca derechos elementales y que significa un nuevo ajuste contra las y los jubilados, así como para las y los activos en su futura jubilación”.