El juez de Garantía Ricardo Bonazzola dispuso hoy el arresto domiciliario por 45 días para Luciano Cuatrín y Mario Godoy, que junto a Jesús Lemos están sospechados del asalto al Corralón Almafuerte, ocurrido el viernes último, y del que resultara gravemente herido el joven Pablo Ferreyra. La medida es con la colocación de tobillera electrónica, dispositivo del cual carece en estos momentos el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. En función e esa situación, ambos, Cuatrín y Godoy, serán enviados momentáneamente a la Unidad Penal N° 1. Allí ya está alojado Lemos, que gozaba de libertad condicional, medida que fue revocada por el Juzgado de Garantías.
Bonazzola acordó con el planteo de la Fiscalía -que había pedido 90 días de prisión preventiva- en cuanto a los riesgos procesales de que los imputados permanezca en libertad: el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. «Ambos riesgos entiendo latentes por la existencia de una causa compleja, con otros partícipes o coautores, con la existencia de testigos que deben prestar declaración testimonial, con la necesaria tranquilidad espiritual para ellos», dijo y agregó: «No descarto que si la suma dinero que se le sustrajo es la que mencionó la fiscalía, alrededor de 40 mil dólares, que no ha aparecido, y está a disposición, ciertamente les ha de permitir a los imputados en libertad, darse a la fuga».
El juez dijo que el arresto domiciliario con colocación de dispositivo de seguimiento electrónico podrá neutralizar los riesgos procesales que planteó la Fiscalía.
Planteos
Esta mañana, en la primera parte de la audiencia en Tribunales, la Fiscalía pidió la aplicación de la prisión preventiva por 90 días para dos de los implicados en ese violento hecho, Luciano Cuatrín y Mario Godoy, petición que compartieron los querellantes Germán Palomeque y José Velázquez, pero a la que se opuso el defensor de los dos investigados, Claudio Berón. Juzgó la medida «desproporcionada», y pidió el arresto domiciliario. En su relato, Berón reprochó que el relato del fiscal Juan Manuel Pereyra tiene lagunas y no está probado que Cuatrín y Godoy tengan relación con el hecho, no han sido identificados por ningún testigo y que el secuestro de su vehículo fue una medida sin sustento.
Los querellantes José Velázquez y Germán Palomeque.
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva de 90 días para dos de los tres implicados en el robo al corralón Almafuerte, hecho del cual resultó gravemente herido Pablo Ferreyra, hijo de Raúl Oscar Ferrayra, dueño del local, el fiscal Juan Manuel Pereyra reveló que la suma sustraída, si bien no se ha podido determinar con precisión, sería de alrededor de 40 mil dólares. Pero también dijo que en el sangriento asalto hubo autores intelectuales: “Es una suma elevada, no se ha hallado ese dinero, no se halló el arma de fuego, y fundamentalmente no se ha podido determinar la participación de otras personas que están sospechadas en la causa”, señaló el fiscal.
El Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal para dos de los implicados en el asalto, Luciano Federico Cuatrín y Mario Godoy; el tercero de los investigados, Jesús Lemos, estaba con libertad condicional, y según reveló Pereyra en la audiencia de hoy en Tribunales, el Juzgado de Ejecución de Penas revocó esa medida y fue devuelto a la cárcel. A la petición de Fiscalía se sumaron los querellantes Germán Palomeque y José Velázquez. El argumento de Pereyra para pedir la prisión preventiva lo basó en dos riesgos procesales: el entorpecimiento de la investigación y el eventual peligro de fuga.
Luciano Federico Cuatrín y Mario Godoy.
“Si bien (al hecho) lo cometieron tres personas, no hay ninguna duda que hay un instigador. Si bien no se pudo determinar el dinero, porque no contamos con el testimonio de Pablo aún, que nos podría brindar mayores precisiones, no es inferior a los 40 mil dólares, sumamente elevada. Además, que una persona muy allegada a la familia, que conocía la dinámica de los negocios, fue la persona que brindó estos datos”, relató el fiscal Pereyra.
En la audiencia, se supo que anoche Pablo Ferreyra fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Martín y se le extrajo un proyectil. En este momento está en estado crítico, con asistencia respiratoria, en la Unidad de Terapia Intensiva. “La salud está muy comprometida, su vida está en peligro. Debemos resguardar y estar a la espera de un resultado favorable para recabar un testimonio, si no participar en una evidencia tan importante como sería la rueda de reconocimiento”, planteó.
El fiscal informó que “se han pedido allanamientos para determinar los partícipes que aún no han sido identificados”.
Ante una consulta puntual del juez Bonazzola, Pereyra explicó que “se han realizado allanamientos respecto de dos personas muy allegadas a la víctima, que han participado de la contabilidad y la economía de la empresa y la familia. Se han hecho allanamientos, se han podido obtener elementos de interés. En alguno de ellos se ha observado un cierto entorpecimiento. En uno de los allanamientos se determinó que habrían reseteado uno de los celulares. Acá, hubo una inteligencia, recursos muy importantes para poder llevar adelante este hecho. No hablamos de ninguna persona improvisada o que no contaba con información con antelación”.
¿Cómo se llegó a esos tres sospechados? El fiscal explicó que fue a partir del rastreo de imágenes de las cámaras de seguridad en la zona.
El planteo fue refutado por el defensor de Cuatrín y de Godoy, Claudio Berón, que rechazó la prisión preventiva. Dudó de la certeza que llevó a sus defendidos la investigación, y planteó que los testigos, un empleado del corralón y un empleado de la víctima, no han reconocido a los autores del hecho.
Citó luego las palabras de Fiscalía respecto a que habría autores intelectuales del asalto. “Sin embargo –planteó- esas personas no están en esta audiencia. Tenemos un sistema selectivo. Solamente están los que no tienen recursos, los que no son profesionales están. El resto no está”.
“Había elementos”, aseguró, para pedir la preventiva para uno de los “autores intelectuales”, señalado por Fiscalía, que habría reseteado su teléfono celular.
Ninguna de las partes identificó a esos otros investigados.
Berón solicitó la libertad inmediata para sus defendidos, y en caso de que se considere que existe algún riesgo, pidió “un plazo menor, de 30 días, en un arresto domiciliario”. Calificó el pedido de Fiscalía como “desproporcionado”.
Señaló el “deplorable estado de la unidad penal”, por lo que juzgó inconveniente “someter a dos personas que deben gozar de presunción de inocencia a esa situación es totalmente arbitrario” en el marco de la pandemia de coronavirus.
