El procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, cuestionó fuertemente a los integrantes del jurado de enjuiciamiento que iniciaron el jury a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche y denunció que el apartamento del Ministerio Público Fiscal del procedimiento es “ilegal” y muy cerca de lo delictivo. En la entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) aseguró que la táctica de “atemorizar a los jueces para que no fallen de acuerdo a derecho” no va a prosperar.
–¿Cómo analiza todo esto que sucedió con Cecilia Goyeneche y con usted?
–Para que el público en general pueda entender esto y no verlo como algo raro, de una pelea en Tribunales, Creo que esto se enmarca y hay que ponerlo en el contexto de lo que llamamos la investigación de los delitos de corrupción. Esto es una denominación que dan las convenciones internacionales de Derechos Humanos contra la corrupción, pero en realidad son delitos contra la administración pública, son enriquecimiento ilícito, cohechos, peculados, etcétera, cometidos por funcionarios del Estado muchas veces con auxilios, complicidad de empresarios u otras personas. Entre Ríos es una provincia que ha sido pionera en esto. A usted le consta porque el periodismo de investigación ha hecho muchísimos aportes en ese sentido, y tenemos condenas a exvicegobernadores, exministros, exhombres importantes, lo que llamábamos cajeros, recaudadores, causas que han sido muy importantes y muchas condenas con delitos importantes. El delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que es una creación argentina, es el modelo que la convención interamericana y la convención internacional contra la corrupción, ponen como modelo a seguir de las legislaciones. Entonces, a la vez la Justicia de Entre Ríos es una Justicia honorable; es una Justicia que en la gran mayoría de sus integrantes son designados por concurso desde el año 2004 en adelante. Es decir que no le deben a nadie más que a su sapiencia y a su moral lo que hacen, y lo llevan adelante con total dignidad, con total hidalguía. Entonces, lo que ha pasado aquí es un quiebre muy importante en lo que se venía dando en una evolución normal de investigaciones por estos delitos. El artículo 36 de la Constitución Nacional equipara los delitos de corrupción a la traición a la patria. “Atentarán contra el orden democrático”, dice, entonces esto es de suma importancia y es un deber para los fiscales. No es una ocurrencia del Ministerio Público Fiscal investigar los delitos de corrupción, no es una ocurrencia ni mía, ni de los anteriores fiscales, ni de todos los fiscales que integramos esta red del sistema acusatorio. Es un deber legal, porque tampoco es un perfeccionismo legal, es un deber legal. Y si no lo hacemos, cometemos un delito que es el de no investigación del artículo 274. Entonces las estrategias, además de eso, para respetar el concepto de dignidad y el concepto de persona, las estrategias de investigación se tienen que hacer con respeto absoluto del debido proceso. Por eso, la inquietud que tenía el exgobernador Moine, sin mácula en este sentido, de honestidad en la función pública, porque demuestra que no es cierto que la política necesariamente tiene que ser corrupta, la lentitud de la investigación es precisamente por eso, porque se deben respetar los cánones del debido proceso. La defensa tiene que actuar con total libertad, por eso los defensores hacen una imaginería shakesperiana de recursos, porque esa es su tarea constitucional, la mejor defensa posible, esto no está mal, es eficacia a través de los Derechos Humanos. Ahora, la estrategia de investigación tiene que tener estos componente pero tiene que tener éxito, por eso digo siempre que todas las causas que hemos elevado a juicio son condenas, porque hay que elevar a juicio aquello que va a ser casi imposible una absolución. Entonces en esto, por ejemplo, las estrategias de diseñar canales de investigación, tienen que ser en silencio, no a la defensa por supuesto, sino en silencio de no andar vociferando. Había ejemplo de los personajes que andaban excavando cuevas en el sur, esta cosa estruendosa.
–¿Usted entiende que esa avanzada contra los hechos de corrupción es lo que determina la embestida contra usted y Goyeneche?
–Eso supone un quiebre, las dos causas importantes, la causa conocida como contratos truchos, y la que llaman megacausa, que es de cinco causas que se han ido amontonando y que se juntan en un juicio porque los defensores fueron alongando las fechas del juicio y hace tres años que estamos dando vueltas. Estas dos, que llegaron al juicio ahora, son las que detonan esta embestida que se hace a través de algo que yo nunca vi en más de 40 años en Tribunales, que se haga a través de un organismo constitucional que es el jury de enjuiciamiento. Un organismo que ha cometido respecto de la fiscal Cecilia Goyeneche una grosería legal, inconstitucional que no he visto nunca y que mis colegas de la Asociación de Procuradores y Fiscales de la República Argentina no han visto en ninguna parte. Esto es realmente gravísimo, no sólo ilegal, sino que podría inclusive configurar un delito penal. Entonces esto claramente es una maniobra para desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público. Yo lo dije en el otro juicio, este es el segundo juicio político que me hacen a mí, en la defensa del primero que fue rechazado y en este segundo también en los descargos lo decimos. Esto es una maniobra para desestabilizar y domesticar al Poder Judicial, no está dirigido al fiscal, sino a los jueces para domesticarlos, para que vean que toman riesgos si desean condenar estos ilícitos que son gravísimos, son un Derecho Humano básico, esto ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de 2019, es un derecho social básico. Lo que se roba en materia de corrupción son menos hospitales, menos educación, gastos de salud, etcétera, de las prestaciones básicas del Estado y además terminan en hechos muy luctuosos, recordarán la tragedia de Once. En Entre Ríos hace muchos años hubo uno muy pequeño, pero sin embargo es una muestra: en unos caminos que son un cruce de rutas en el norte entrerriano, hubo un accidente terrible donde murieron muchas personas y se descubrió que faltaban torres de iluminación que estaban pagas, entonces esto que a veces suena muy escandaloso, la corrupción mata, es verdad.
–¿Presentó la recusación de cuatro integrantes del jurado de enjuiciamiento por el caso de Goyeneche?
–Sí.
–¿Tuvo alguna respuesta?
–Una respuesta realmente desacertada. Porque me dicen en una línea que, como el jury ha declarado la incompetencia del Ministerio Público Fiscal para el juzgamiento nuestro, entonces yo carezco de interés. El Ministerio Público Fiscal es un órgano sustancial del jury, está en la Constitución, en la Ley de Jury, en la Ley del Ministerio Público Fiscal, en el Código Procesal, pero sobre todo, el jury de enjuiciamiento, que no es un tribunal que sólo se forma con tres ministros de la Corte suprema local, dos legisladores y dos abogados, se forma solamente pare decidir si un juez o si un fiscal de Estado u otros organismos que están equiparados allí, ha incumplido sus funciones o no. Esa sola es su competencia, puede decir que no las cumplió, un mal desempeño en las funciones, y entonces queda desplazado de ser funcionario. Ahí termina.
–Pero a partir de la respuesta que le da el jurado de enjuiciamiento ¿qué va a hacer?
–Acá cabría la investigación de los posibles ilícitos penales. El exfiscal de Investigaciones Administrativas, Rovira, un hombre que también hizo mucho por estas causas, por ejemplo, la causa Alanís, cometió un desacierto muy grave a sabiendas, se autodesignó normas de compensación y de viáticos y fue condenado por eso, porque es actuar a sabiendas contra la Ley, pero además está el delito de nombramiento y aceptación de nombramiento ilegal. Fue una de estas cosas de la época de Menem, que daba para todo, parece que había una señora que estaba vinculada con la familia Menem y nombraron como fiscal a un hijo de esta señora y no tenía título de abogado, y estuvo como seis meses como fiscal y lo condenaron por este artículo 253, designación ilegal y aceptación de la designación ilegal, las dos partes son punibles. Esto es muy grave porque una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la posibilidad de que se acepte sabiendo que es ilegal. Entonces eso va a ser una de las posibilidades, más allá de que yo he interpuesto una revocatoria contra esa denegatoria de la recusación donde le digo esto, “yo no vengo como acusado a recusarlos a ustedes, venimos en la calidad y el rol constitucional del titular del Ministerio Público Fiscal”.
–El doctor Raymundo Kisser sostuvo que es correcto el apartamiento del MPF del jury a Goyeneche, porque es una situación que no fue prevista por los legisladores y que se puede crear de esta manera ¿qué opina al respecto?
–Kisser es un buen defensor de la causa de los contratos truchos, ha dicho lo que la mejor defensa de todos los imputados de esa causa. Precisamente dice que quiere un juicio legal para el jury es lo que estamos diciendo nosotros, el MPF no es un vacío legal como dice de manera pícara el doctor, está previsto en la Constitución que el órgano autónomo que es el MPF que tiene la misma categoría que los miembros del Superior Tribunal, que como el defensor general, maneja su ministerio, cuando no puede intervenir tiene una orden de subrogancia legal y la constitución en el artículo 207 dice “debe respetarse el orden de subrogancia interno para los casos de subrogación o vacancia”. O sea que no es cierto que no está previsto, está absolutamente previsto, por eso el jury por fuera de sus competencias legisló y además cometió, creemos, delitos.
–¿Tenemos las suficientes garantías para que dentro de dos o tres años se pueda concretar la segunda parte del juicio por la causa contratos? Porque no siempre se concretaron las segundas partes.
–El argumento que dio Kisser es el mismo que hacen los defensores, que se transforman en fiscales, entonces dicen “¿por qué no vienen todos?”, lo dicen cuando elevamos a juicio la primera parte de la investigación que son 32 acusados, 500 fojas tiene la remisión de la causa a juicio de los fiscales con enorme cantidad de pruebas y con 54 millones de dólares de perjuicio. Entonces ¿qué dicen los defensores? Sugieren que faltan los otros integrantes, entonces esto quiere decir que hasta que no llegue al último, no. Voy a hacer un símil muy fácil: cuando se juzgó a la Junta, los defensores pudieron haber dicho “no, no pueden juzgar los comandantes hasta que no se juzgue quién fue el autor de cada uno de los mil casos que se llevaron en esa condena”. Esto es exactamente lo mismo, al revés. Porque ellos al mismo tiempo que sugieren que la plata se la llevó otro, los defensores dicen que los contratos son legales. Si los contratos son legales, entonces ¿para qué vamos a investigar a los que se llevaron la plata si supuestamente no se llevaron ninguna palta? Es obvio que es una chicana, una picaresca para tratar de prolongar el juicio y que el juicio termine dentro de 20 años o lo que fuera. Pero lo primero que hay que hacer es galvanizar a esta asociación ilícita, como han hecho los fiscales, que para eso incluso lo reconoció el mismo abogado de los imputados, que el MPF legalmente es quien diseña la estrategia y los jueces son los que la controla, hasta ahora los jueces han controlado toda esta estrategia y la han aprobado, nadie ha dicho que la causa es nula porque no se investiga a nadie, ningún juez lo ha dicho, entonces debemos respetar la Justicia, debemos respetar el jury de enjuiciamiento con las funciones legales.
–¿Cómo analiza la resolución de la Sala Penal del STJ disponiendo el sobreseimiento de un imputado en la causa del exdiputado Troncoso al entender que se habían suspendido los plazos desde la indagatoria?
–Es un fallo lamentable, porque toda la vida en todos los procedimientos penales que tenemos, en el sistema acusatorio y antes también, los llamados plazos son ordenatorios, se les indica a los funcionarios que deben tratar de acelerar las cosas para tratar de acelerar determinados plazos, pero no quiere decir que cuando ese plazo termine la causa se cae, esto no lo dice en artículo 223, ni la práctica de toda la vida de Tribunales, pero sobre todo hay un fallo reciente, el caso Prais de la Corte Suprema de Justicia con una norma mucho más vehemente que es la norma de Chubut que establecía expresamente la caducidad, y la Corte fulmina eso de nulidad diciendo que el único que puede establecer los criterios de extinción penal es la legislación de fondo, no la legislación procesal.
–Queda claro que hay demasiado cortocircuito entre el Ministerio Público Fiscal y la Sala Penal del STJ ¿Esto cuándo se profundizó y a su entender por qué sucedió?
–En el derecho no hay verdades absolutas. Todas las verdades son contingentes y triunfa el mejor argumento, mientras las diferencias sean en orden a la lógica, al derecho, a la argumentación, a si está bien declarado culpable o inocente un imputado o lo que fuera, nosotros tenemos diferencias que so de derecho que los juzgará la Corte Suprema o los organismos internacionales, ahí no veo ningún problema, el problema muy concreto lo tenemos hoy con el jury de enjuiciamiento y el tratamiento ilegal de la situación de la doctora Goyeneche.
–Y de acuerdo a los hechos, en lo práctico ¿cuánto afectó las investigaciones por delitos de corrupción este distanciamiento con la Sala Penal del STJ?
–No, para nada, salvo esta última resolución que es realmente muy problemática porque los defensores, con total derecho, van a plantear en casi todas las causas situaciones similares, lo que va a generar un gran debate, grandes discusiones hasta llegar ala Corte, que va a darnos la razón.
–¿Cuánta incidencia tuvieron en toda esta historia de distancias entre el Ministerio Público Fiscal y el STJ los permanentes cuestionamientos del expresidente Emilio Castrillón, antes y después de su salida como jubilado?
–Hay personas que vale la pena referirse y hay personas a las que no vale la pena referirse.
–¿Usted está convencido que el plan contra ustedes es sacarlos de foco en medio del juicio a Urribarri y después reclamar por la nulidad de las pruebas, tal como se viene insistiendo o puede haber cuestiones posteriores que no las estamos viendo todavía?
–Creo que toda la táctica está orientada a eso, al descabezamiento del MPF y después de eso atemorizar a los jueces para que no fallen de acuerdo a derecho.
–¿Y las nulidades? Por cómo se está insistiendo con algunas pruebas claves en el juicio a Urribarri.
–No, las nulidades son patrañas, patrañas jurídicas muy respetables en la labor de los defensores, son generalmente falacias, que Aristóteles definía como un falso argumento que parece bueno, son falacias, está muy bien que lo hagan, pero no hay ninguna posibilidad de que eso triunfe. Por eso toda esta orquestación o vulneración de normas de la Constitución es para tratar de mandar mensajes de atemorizamiento, de amedrentamiento a los jueces y los fiscales que son probos y honestos, no va a ocurrir esto, no va a haber ninguna suerte en esta aventura. La seriedad y la contundencia de la causa de los contratos, uno de los tantos argumentos que tiene es que el propio gobierno se Bordet, a través de su representante legal, es actor civil en la causa de los contratos. No solamente no dice nada de lo que viene después, sino que él reclama el resarcimiento de los millones de dólares que están investigados. La seriedad viene desde varios lugares que no tienen nada que ver con esta maniobra de los acusados.
–¿Usted está decidido a terminar este mandato constitucional y luego retirarse o piensa continuar en el cargo, más allá de diciembre de 2023?
–Yo ya estoy en las postrimerías de mi función, en realidad ha alargado esta situación tan conflictiva y agravante en términos constitucionales y humanos, porque más allá de todas las vicisitudes nos encontramos en la calle todos los días, esta es una ciudad pequeña, o sea que tanto estropicio moral es realmente ridículo, pero bueno, en tanto y en cuanto estas causas de corrupción signa necesitando la presencia y el respaldo nuestro, voy a estar.
