El jueves 23 de noviembre de2023, las instalaciones del Hospital San Blas, de Nogoyá, fueron allanadas por orden judicial. La investigación, a cargo de la fiscal Maite Burruchaga, buscó determinar si parte del personal truchaba certificados médicos para usufructuar de suplencias por parte de terceras personas.
La denuncia la formuló una trabajadora administrativa del Hospital San Blas y rápidamente encontró eco en la Justicia: el juez civil y comercial Américo Luna firmó la orden de allanamiento. El abogado Juan Orlandi, entonces asesor legal del Hospital San Blas, dijo que en el Hospital «nos vimos sorprendidos por el allanamiento». Y dijo que las autoridades desconocen «todo tipo de práctica tal cual se denunció. De todos modos, inmediatamente nos pusimos a disposición de la Justicia. Facilitamos toda la documentación que se nos requirió. Hoy (por el viernes) me comuniqué con la fiscal porque no sabíamos de qué se trataba. El director me pidió que me ponga a disposición. En verdad, desde la dirección consideramos que no existe ningún tipo de delito. Estamos muy tranquilos».
Luego de aquel allanamiento, el exdirector del Hospital San Blas, Javier Ascúa, decidió también acudir a la Justicia y efectuar una denuncia penal ante la presunción de que se habrían cometido ilícitos en el manejo de las suplencias por enfermedad.
Ascúa, con representación del abogado José Sureda -Juan Orlandi dio un paso al costado en esa función- formalizó una presentación el viernes 1º de diciembre de 2023 ante el Ministerio Público Fiscal de Nogoyá y pidió que se investiguen los hechos. En forma paralela, instó al Ministerio de Salud de Entre Ríos a abrir una investigación sumaria para deslindar responsabilidades en los hechos.
«Denunciamos que a raíz del allanamiento y registro del jueves 23, el director Ascúa tomó conocimiento de algunos indicios que generan presunción de la comisión de un delito. Entonces, radicamos denuncia en Fiscalía y Ascúa se puso a entera disposición por la gravedad del asunto y porque luego del allanamiento se dejó entrever en los comentarios públicos de alguna culpabilidad respecto a Ascúa», dijo entonces Sureda, en declaraciones a un canal de Nogoyá.
El 23 de abril de este año y mediante el decreto Nº 896, el Ministerio de Salud dispu la instrucción de un sumario administrativo Daniela Barboza, jefa de Personal del Hospital San Blas, «por incumplimiento de los deberes» sin perjuicio «de que de las resultas de la investigación penal dichas causales puedan ampliarse y encuadrar además en la causal de exoneración».
También la instrucción de un sumario a Andrés Soto Sanz, suplente extraordinario, también «por incumplimiento de los deberes» y «sin perjuicio de que de las resultas de la investigación penal dichas causales puedan ampliarse y encuadrar además en la causal de exoneración». Y se ordenó «la inmediata desafectación de los agentes Daniela Barboza y Andrés Soto Sanz «a las tareas vinculadas al sector personal y toda otra actividad que implique el acceso a sistemas informáticos, mientras y hasta tanto se resuelva el sumario administrativo».
Además, se resolvió «la baja de las funciones de Jefa de División Personal del Hospital San Blas, de Nogoyá, de la agente Daniela Barboza, «con la consecuente baja de los adicionales correspondientes».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
