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Se cayó el proyecto para poner a salvo las barrancas del Patito

El proyecto presentado por la bancada oficialista, para declarar el terreno lindero al Patito Sirirí de utilidad pública y sujeto a expropiación, finalmente perdió estado parlamentario en el Concejo Deliberante. Así las cosas, se avanzaría sin vueltas con el loteo del predio tal como lo previeron los dueños.

Desde el oficialismo pusieron como condición para avanzar el acompañamiento a la iniciativa por parte de la oposición. La oposición dio cuenta de las posturas expresadas por la bancada y negó haberse desentendido del asunto. Lo cierto es que el proyecto se cayó y las críticas se hicieron oír por parte del movimiento de vecinos en torno a la defensa de ese terreno de disfrute público y por parte del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) que incluyó el punto en su agenda política. “Son concejales de la especulación”, disparó la dirigente Nadia Burgos tras conocer la novedad.

“Hay que ser responsables en la administración”, dijo el presidente de la bancada del peronismo, Sergio Elizar que tomó nota del “elevado costo” del proyecto lo que “nos obliga a ser cautos y buscar los consensos con todas las fuerzas políticas del Concejo Deliberante”.

Lamentó la falta de acuerdos entre los distintos bloques pero ratificó la intención de “continuar trabajando en la búsqueda de consensos para encontrar una solución que contemple a los distintos sectores”.

“Avanzar en una medida de esta magnitud requiere de un consenso político que exprese la voluntad de toda la ciudadanía a través de sus representantes en el Concejo Deliberante”, reclamó.

“Hemos trabajado con los vecinos, analizando la titularidad de los terrenos, los antecedentes registrales, catastrales, gravámenes, restricciones al dominio y todos los aspectos tributarios, y cuando tuvimos la certeza de que se trataba de terrenos privados buscamos alternativas que nos permitieran que esos lotes se incorporen como espacio público”, dijo. “El elevado costo es un condicionante que nos obliga a ser cautos y buscar los consensos con todas las fuerzas políticas con representación en el Concejo Deliberante. Hacerlo de otro modo restaría volumen y fuerza a la decisión, que solo lo aporta el acompañamiento de todos los bloques del concejo”, razonó.

Recordó que “a esta gestión le tocó asumir en un contexto muy difícil, con una Municipalidad ahogada financieramente y en dos años hemos recuperado la capacidad operativa del Estado, se ordenó la administración y se pudo recomponer el vínculo de confianza con la ciudadanía, lo que posibilitó la puesta en marcha de un sinfín de políticas públicas que nos están permitiendo transformar la ciudad”, destacó.

 

Oposición

Desde la bancada de Juntos para el Cambio dijeron que “es falso” que la bancada opositora no acompañó las iniciativas planteadas desde el oficialismo para arribar a una solución. “Por el contrario, desde el inicio de la controversia, desde nuestro espacio propusimos distintas alternativas”, dijeron.

Recordaron que en julio de 2020, el bloque del Frente Creer Entre Ríos presentó “una ordenanza que pretendía, inconstitucionalmente, paralizar por seis meses cualquier trámite administrativo relacionado con los terrenos en cuestión”. “Planteamos que había dos alternativas posibles: la primera, y la propuesta por nosotros como mejor para todos los involucrados (vecinos, Ciudad, Municipalidad y propietarios) era que la Municipalidad llegue a un acuerdo entre partes con los propietarios, buscando siempre en la negociación arribar a un precio razonable de adquisición para que pasen al dominio municipal con destino de uso público. Y en caso que no se llegara a un acuerdo quedaría la vía de la expropiación”, añadieron.

Para la oposición, el oficialismo “al observar que el reclamo público de vecinos y asociaciones autoconvocadas menguó, decidieron no solicitar su tratamiento en las comisiones legislativas correspondientes por lo que, con el correr de los meses y plazos, dicho proyecto se archivó”.

“Dos años después, mediante un nuevo proyecto presentado en julio de 2021 para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos, y añadiendo al expediente un informe rubricado por el Arq. Guillermo Federik, Secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial (el cual estableció un valor de referencia de más de 3,2 millones de dólares por los lotes en cuestión), la Municipalidad decidió autocondicionarse para cualquier tipo de negociación con los propietarios y dejó a la expropiación como la única vía posible, sin detallar de dónde saldrían los fondos para afrontar la inversión. Vencidos los plazos administrativos, los ediles Sergio Granetto, Sergio Elizar y David Cáceres, autores de la norma, decidieron junto con el resto de sus compañeros de bloque no firmar el dictamen de su propio proyecto de ordenanza y que el mismo pierda estado parlamentario, aún teniendo la mayoría necesaria para su aprobación en comisiones y en la sesión del HCD”, criticó el bloque de Maximiliano Rodríguez Paulin, Francisco Avero y Walter Rolandelli.

Finalmente, los ediles aseguraron que “los distintos proyectos oficiales buscaron únicamente ganar tiempo. En dos años, el Intendente nunca manifestó postura en torno al tema y nunca el Municipio estableció de dónde saldría el dinero para la adquisición de los terrenos. Por eso tampoco firmaron los dictámenes de mayoría de los proyectos de los cuales son autores”.

Por otro lado, la edil de Políticas para la República, Anabel Beccaría, apuntó que “la pretensión de expropiar los terrenos termina fracasando por no responder a la verdadera necesidad de la comunidad, por no ajustarse a la realidad socio-económica de la ciudad y por ser una solución básica y no superadora”. “Cuando se miran las situaciones que acontecen en la sociedad con visiones de blanco y negro se termina cayendo en soluciones fallidas, y en este caso cualquiera de las cuestiones que hubiesen resultado iba a ser un fracaso. Iba a ser un fracaso tanto la expropiación como la no expropiación”, calculó la concejal de la oposición que criticó “la búsqueda de soluciones que no solucionan que ha sido una constante”. “Pensar una expropiación sin que se contemplen cuestiones tan fundamentales como por ejemplo el destino de los fondos, la implicancia que esto tiene en los presupuestos y el resto de prioridades que la ciudadanía en su conjunto puede tener. Por eso nuestra primera propuesta fue que el tema se lleve a Consulta Popular, para que los vecinos elijan, y que ésta sea vinculante”, recordó.

 

Voracidad inmobiliaria

Ante la situación planteada, la dirigente del MST criticó lo sucedido y el debate de los concejales que no condujo a una solución. “Vivimos un nuevo avasallamiento a nuestro derecho a la ciudad. Una vez más ganan los sectores privados y quienes deberían representarnos al archivar el proyecto sellan su pertenencia a los sectores más concentrados. No representan al conjunto del pueblo de Paraná”.

“Todos los bloques, PJ, Cambiemos y Paraná Futura entregaron con este accionar un espacio público, histórico y emblemático. Hoy demostraron que son concejales de la especulación”, apuntó.

Por su parte, Sofía Cáceres Sforza, que ha participado de la Asamblea del Parque Urquiza, afirmó: “Venimos de un fuerte trabajo con la asamblea donde tuvimos innumerables reuniones con los y las concejales de todos los bloques. Sabíamos que había sectores reacios a avanzar. No nos sorprendía, ya que son sectores directamente relacionados al recorte de derechos y con programas políticos pro empresariales como Cambiemos y Paraná Futura. Hoy, sin embargo, se expresa la hipocresía del doble discurso, cuando el bloque de Creer deja caer un proyecto que cínicamente decían defender e impulsar. Nos arrebatan la posibilidad de discutir qué ciudad y al servicio de las necesidades de quiénes se planifica. Sellan así que Paraná ya no será la ciudad paisaje y será la ciudad de la voracidad inmobiliaria y especulativa”, aseveró.

Fuente: Página Política

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