El coordinador del Registro Único de la Verdad (RUV) de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Boeykens, respondió a las declaraciones del Jefe de la Policía de Entre Ríos (PER) Gustavo Maslein. “Las declaraciones de Maslein son desafortunadas”, expresó ante la consulta de ANÁLISIS.
El jefe de la PER habló el pasado viernes y defendió el accionar policial tras conocerse un duro comunicado de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) en donde denunciaron una escalada de violencia institucional: “La verdad que estoy un poco cansado, me tienen un poco las bolas al plato con las chicaneadas de todos los días, de una forma u otra tratan de vender esto que tienen armado ellos sin sentido”, dijo Maslein.
“Tienen una ideología formada, Derechos Humanos, creo que solamente se acuerdan que están para el delincuente, pero no se acuerdan de la gente que está en la calle”, había expresado el comisario.
En respuesta a esto, el coordinador del RUV -organismo desde el que se llevan adelante las políticas públicas de Verdad, Memoria y Justicia- explicó: “Quién tiene la obligación de garantizar la vida, la salud, las garantías constitucionales, etc. es el Estado organizado y no los individuos particulares. Es así que el único que puede atentar contra los derechos humanos es única y exclusivamente el Estado, sea por acción, omisión y/o aquiescencia y nunca, jamás un particular, es una acepción básica”.
Boeykens aseguró que las declaraciones del Jefe de la PER “reafima la necesidad de seguir capacitando en políticas de derechos humanos a las fuerzas de seguridad”. “En su entrevista radial el jefe de la Policía esboza una falta de claridad con el proceso de verdad, memoria y justicia el que tiene como máxima el Nunca Más, esto es que los crímenes de Estado no se vuelvan a cometer en nuestro país y en la región”, aseveró el funcionario.
“Minimizar este proceso y sugerir una ideología de derechos humanos es desconocer más de 40 años de construcción colectiva y de lucha de los organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos con la recuperación de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho”, respondió Boeykens, que también representa la querella en distintas causas por delitos de Lesa Humanidad.
El titular del RUV explicó que “es necesario determinar la responsabilidad que tenemos como Estado, responsables de la tutela de los derechos humanos, garantizando su pleno goce y disfrute a toda la población de nuestra provincia sin distinción de ideas políticas, identidad de género, etnia, condición social, etc. de las responsabilidades individuales de personas en conflicto con la ley penal”.
Maslein – en declaraciones a radio La Voz– también se había referido al pedido de los organismos de derechos humanos para que el gobierno de Entre Ríos constituya el Mecanismo Provincial para la prevención de la Tortura: “Uno lee lo que están difundiendo y pareciera que están apretando al Gobernador o la Ministra para crear una oficina de un comité sobre tortura, es muy raro; creo que ese es el fin de ellos”.
Cabe recordar que el Estado argentino -y por ende el provincial- asumió el compromiso de crear el organismo preventivo contra la tortura en la Covención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a mediados de la década del 80 y desde entonces es una deuda de la democracia entrerriana: “No es un capricho de los organismos de DDHH para ocupar cargos en la estructura del Estado como desliza el Jefe de la Policía, sino que radica en la necesidad de contar con un organismo técnico, independiente que prevenga y erradique para siempre de los Estados este tipo de prácticas intolerables”.
Boeykens expresó que “es una falacia pensar en el autocontrol de las fuerzas de seguridad” y dijo que de las declaraciones del Jefe de la Policía “surge con claridad la resistencia que hay en algunas estructuras a ser controladas”.
El jefe de la PER calificó como “errores” los hechos denunciados por la Rodher. En ese comunicado, los organismos de derechos humanos puntualizaron en una serie de casos que demuestran el accionar violento por parte de funcionarios policiales entre los cuales se puntualizó en la muerte violenta de José Luis González, crimen que está investigando el fiscal Santiago Alfieri y en cuyo proceso una de las hipótesis investiga el accionar de policías de la Comisaría Octava que debieron contratar abogados defensores.
Maslein dijo que en este caso “quedó descartado que no tuvo nada que ver, nuestro personal lo identificó con las atribuciones que tiene pero los involucraban y arremetieron contra ellos por la identificación que se hizo”. Sin embargo, esto no es así ya que la investigación continúa su curso y si bien no hay confirmaciones respecto a las responsabilidades en el crimen por parte de la fuerza, tampoco fueron descartadas.
Boeykens, también le respondió al Jefe de la PER al respecto: “Muy por el contrario a lo que marca el Jefe de la Policía, la Comisaria Octava y la PER han sido apartada de la investigación penal precisamente para garantizar una investigación independiente y que no deje dudas luego de los resultados de las pericias que se realicen”.
Para finalizar, el funcionario le dijo a ANÁLISIS que “como Estado Provincial debemos estar atentos a las demandas de los sectores de la sociedad civil, sobre todo de los organismos de la sociedad civil que son herramientas que robustecen al Estado de Derecho y a nuestra democracia”.
“Las demandas que se nos pueden hacer de éstos sectores nos pueden gustar o no, pero lo que no podemos hacer es desestimarlas, no prestar atención y creer que son posiciones irreconciliables. De eso se trata la democracia, de debatir, de argumentar”, concluyó.
fuente: analisis- lavoz
