“La inflación en nuestro país no solo es de los precios. También hay inflación de agrupaciones políticas. En efecto, en las elecciones primarias del 13 de agosto próximo competirán 27 precandidatos a presidente, casi el triple que en las PASO de 2019. En Buenos Aires, el distrito más populoso del país, los cuartos oscuros estarán tapizados de boletas: habrá 54 listas de postulantes a diputados nacionales –cinco veces más que en 2019-, 61 nóminas a senadores nacionales y otras 61 a parlamentarios del Mercosur. Todo un récord”, revela un informe elaborado por Laura Serra y María José Lucesole para el diario La Nación..
Los funcionarios electorales están escandalizados. Su preocupación no solo es por la noche del escrutinio y las dificultades que, anticipan, se desatarán a la hora del recuento de votos. El problema es también económico: en la justicia electoral y en el Ministerio del Interior advierten que solo por competir en la categoría presidencial, cada lista participante recibirá del Estado la friolera de $103 millones para imprimir sus boletas. Ergo, si se considera que en estas PASO participarán 27 listas con candidatos a presidente, el Estado deberá desembolsar un total de casi $2800 millones para la impresión de boletas solo para esta categoría.
El problema adicional es que la rendición de cuentas que hacen los partidos en materia de impresión de boletas es bastante lábil, con lo cual no siempre todos los fondos terminan transformados en papeletas.
La cifra suena todavía más escandalosa si se agregan las demás categorías. En Buenos Aires, donde compiten 54 listas a diputados nacionales, la justicia electoral estima que el Estado deberá erogar otros $2063 millones solo para imprimir las boletas por este tramo. Para la categoría de senadores nacionales (compiten 61 listas), otros $2331 millones. Idéntica cifra para los parlamentarios del Mercosur. En resumidas cuentas, la impresión de boletas de todas las categorías nacionales (presidente y vice, legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur) le costará al Estado unos $9500 millones solo en un distrito, Buenos Aires.
Para tomar dimensión de lo que significa esta cifra basta compararla con algunos programas sensibles del presupuesto nacional. Por ejemplo, con el Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una asignación anual de $5446 millones. O con lo que se gastó en seis meses en el programa “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica” del Ministerio de Salud, unos $7500 millones.
En tiempos de crisis económica, pobreza generalizada y escasez semejante erogación de dinero para imprimir boletas aparece como un despropósito. Resulta llamativo, además, que en momentos en que cunde una profunda apatía ciudadana por la política, paradójicamente crezca la cantidad de candidaturas en la Argentina. Conviene entonces desmenuzar el problema para entender por qué se llega a esta situación, quiénes lucran con esto y qué actores son los responsables.
Radiografía del gasto en boletas
Primer dato: la ley 26.571 -de elecciones primarias- establece que son las agrupaciones políticas las responsables de imprimir sus boletas y que el Estado debe costearlas a razón de una boleta por elector. Este año el Ministerio del Interior fijó en $2,93 el valor de referencia por cada categoría de la boleta; para la categoría presidente y vice, entonces, corresponde multiplicar este valor por la cantidad de electores que conforman el padrón nacional (35.394.425 personas). Ergo, le corresponde al Estado desembolsar a cada uno de los competidores, solo por esta categoría, la suma de $103.351.721.
Pero aquí no termina la historia. En 2020 la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional Electoral –que disponía que el aporte para impresión de boletas debe destinarse por agrupación política- y estableció que cada lista interna que compite dentro de un mismo frente tiene derecho a percibir la suma.
“Una absoluta irresponsabilidad”, advierten en el Ministerio del Interior, cartera encargada de hacer frente a la erogación.
Conclusión: en virtud del fallo del máximo tribunal, cuantas más listas presenta una agrupación política, más dinero del Estado le corresponde embolsar. No importa si los candidatos son conocidos o no, tampoco qué caudal de votos cosechó en elecciones anteriores, si es que participó. El solo hecho de competir en primarias con listas oficializadas en la Justicia les habilita a recibir estos aportes millonarios.
Está claro, entonces, que tener un partido político es un negocio por demás lucrativo, sobre todo en tiempos electorales. No implica mayor costo y, si cumple los mínimos estándares legales, cuenta con financiamiento público asegurado.
Que lo diga, si no, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, precandidato presidencial por la alianza Principios y Valores, coalición que conformó con el piquetero Luis D’Elía. Esta agrupación es la que más listas internas presentó para competir en las primarias presidenciales, cinco en total. Solo por ello recibirá poco más de $516 millones solo para imprimir sus boletas por esta categoría. A esto sumarán lo que corresponde a las restantes categorías (legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur).
Este “incentivo económico” permite entender por qué se triplicó, en solo cuatro años, la cantidad de listas participantes en las próximas primarias presidenciales. En la grilla confluyen las agrupaciones políticas más competitivas –como Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza- con otras francamente ignotas o de escaso volumen electoral. Son los casos de Proyecto Joven o del partido LiberAr, que debutan en estas lides presidenciales nada menos que con tres listas internas cada uno.
Hay otro factor que explica semejante proliferación de agrupaciones políticas y tiene que ver con la laxitud en los requisitos que la ley exige para su reconocimiento legal.
Para crear y preservar un partido de distrito se requiere contar con un número de afiliados no inferior al 0,4% del total del padrón de electores de la provincia, hasta el máximo de un millón de electores. Esto significa que el número de afiliados requerido, para aquellos distritos que superen el millón de votantes, es de 4000. Una cifra exigua en distritos populosos como Buenos Aires y CABA, que justamente son los territorios con más espacios políticos.
A raíz de esto, en la actualidad se registran 53 partidos nacionales y otros 734 partidos de distrito, un pico histórico, indica Hernán Goncalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral (CNE). “La Cámara viene advirtiendo desde 2007 sobre esta cuestión y la necesidad de que el Congreso tome cartas en el asunto frente a la proliferación de partidos políticos y el consiguiente problema de la impresión de boletas en cada año electoral. Por ello sugirió en su momento la instrumentación de la boleta única”, indicó.
La iniciativa, sin embargo, permanece congelada en el Congreso tras la media sanción de la Cámara de Diputados. En el Senado, comandado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo le bajó el pulgar y la oposición, más allá de algunos gestos declamatorios, tampoco hizo demasiados esfuerzos por impulsarla.
