La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, decretó el embargo preventivo de 14 personas imputadas en la megacausa conocida como contratos truchos en la Legislatura.
La medida, que se conoció el lunes 22 pero se dictó el viernes 12, decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de 2.000.000.000 de pesos con más la suma de 1.000.000.000 de pesos en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso; de los fondos que hubiera, o que ingresaran posteriormente, en las cuentas en la parte proporcional que corresponde por Ley de Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Sergio Cardoso, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Ariel Faure, Jorge Badallares, Pedro Opromolla, Nicolás Beber, Guido Krapp, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni”.
En la última reformulación del hecho que realizó Fiscalía a principios de marzo se precisó “el hecho atribuido descripto en la apertura de causa, en lo que respecta a la participación de Juan Pablo Aguilera, Sergio Cardoso, Alejandro Almada, Gustavo Pérez y Ariel Faure”.
En la nueva formulación del hecho se les endilga que el producido de la maniobra “posteriormente…, era entregado a Pérez, Cardoso, Faure, Almada, y a Alfredo Bilbao”.
Además, se añadió que “a su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”.
Fuentes judiciales consultadas no arriesgaron especular qué decisión se adoptará respecto de la situación patrimonial del resto de los imputados y mencionados en la causa.
La acusación sostiene que los antes mencionados “y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.
Asimismo asegura que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
La Justicia decretó el embargo preventivo de 14 personas por la inédita suma de tres mil millones de pesos.
La misma aseveración se realizó respecto del “aporte indispensable”, que habría prestado “con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”.
Gentileza : El Diario Paraná
