Esta semana el Gobierno comenzó a trabajar en distintas alternativas para suspender la Ley de Alquileres vigente y, según fuentes oficiales, la decisión de reemplazar la normativa actual fue acordada entre el presiente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Desde Inquilinos Agrupados, Johanatan Villanueva, salió a cuestionar una posible derogación, sostuvieron que “la ley todavía sigue vigente” y que por el momento “solo hay trascendidos, pero ninguna palabra oficial”.
Enseguida sugirió que los rumores sobre una posible anulación de la norma responde a “presiones del sector inmobiliario y del FMI, que exige que en Argentina no se regule el precio del alquiler”.
“Nos parecería un despropósito que den marcha atrás”, aseveró e incluso dijo que la organización había sido convocada por legisladores para evaluar una posible modificación de la norma con el fin de mejorarla. Una de las posibles reformas era establecer un precio inicial (una tasación en función del valor fiscal de la vivienda) para que no ocurra lo que pasa hoy, que al momento de renovar el alquiler el precio se dispara desmesuradamente”.
Consultado por esta Agencia sobre quejas que hay de los dos lados del mostrador (inquilinos y propietarios/sector inmobiliario), Villanueva sostuvo que “la ley es perfectible, pero es la mejor ley que podemos tener. Es el único precio que se actualiza una vez por año, cosa que no pasa con ninguna otra cosa”.
“Creemos que lo que ha faltado para que esta norma funcione es hacerla cumplir a rajatabla en todo el territorio nacional, ejercer controles y crear la Oficina de Inquilinos, que nuca se creó”, manifestó.
¿Qué pasará con los contratos vigentes o los nuevos contratos?
Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.
El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a Ámbito que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.
En tanto, García Malbrán estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”. (APFDigital)
