El ex jefe del sindicato de los obreros marítimos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez, preso por hechos de corrupción en su gremio, les pidió llorando a los jueces de la Cámara Federal: “No quiero morir en prisión”.
Desalineado, con barba de varios días y visiblemente desmejorado en su salud, Suárez declaró por videoconferencia ante los jueces de la Sala I de la Cámara, en una audiencia de apelación contra la decisión del juez de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral de rechazar su pedido de prisión domiciliaria.
Suárez declaró desde la cárcel mientras su abogado, Carlos Broitman, en la sala de audiencias del tribunal, desarrolló las razones de salud por las que considera que el sindicalista debe acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
El gremialista sufrió un episodio equiparable a un accidente cerebrovascular (ACV) estando en prisión y, según informes médicos, perdió parte de la visión, la audición y la libertad de desplazamientos, situación que se agrava -dijo- porque le negaron un pedido de silla de ruedas para moverse. “Ya no puedo caminar ni asearme. Dependo de la ayuda de terceros”, describió.
Ante los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (llegó más tarde, demorado por los operativos de seguridad por la visita del vicepresidente de Estados Unidos), Suárez balbuceó a través de una pantalla de televisión y rompió en llanto. El ex líder sindical se calificó como “un trabajador desde niño” y pidió “no morir en prisión” porque tiene una hija de cuatro años de edad “que no puede quedar sola”.
“Necesito volver a mi casa…¿me quieren muerto en prisión?, ya falta poco…discúlpenme”, pronunció antes de quedarse en silencio.
El abogado Broitman se quejó porque Suárez no contó oportunamente con una adecuada asistencia médica y pidió la excarcelación o la concesión de la prisión domiciliaria para que quede al cuidado de sus familiares y médicos de confianza.
A fines de julio pasado, Canicoba Corral volvió a rechazar el pedido de excarcelación o prisión domiciliaria porque “el imputado durante el trámite de este expediente y mientras se mantuvo en libertad, continuó ejerciendo su rol como jefe de la asociación ilícita ejecutando en las sombras el poder de mando y económico que supo lograr durante los casi 30 años que estuvo al frente del Sindicato mediante medidas extorsivas sobre distintas empresas relacionadas con la actividad naviera”.
El sindicato fue intervenido por el juez. En una primera etapa estuvo al frente la dirigente del PRO y precandidata a senadora Gladys González y actualmente el interventor es Silvio Torres.
Fuente: La Nacion
