El Sindicato de Empleados de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper) se declaró en estado de alerta ante una serie de medidas dispuestas por el Directorio del Instituto que, entre otros puntos, realizó “traslados compulsivos del personal, despidos y el traslado de un delegado gremial”.
“Estamos en estado de alerta. Y si no tenemos respuestas vamos a recrudecer las medidas en breve”, anticipó la secretaria general del sindicato, Cristina Juri.
Aseguró que el Iosper “es un desastre” y lamentó: “Es la obra social más grande de la provincia, pero no estaría funcionando como debiera”. Además desmintió los dichos del titular del Directorio, Fernando Cañete: “El presidente dice que está todo bien, pero es mentira”, sostuvo.
Como argumento enumeró: “La gente no consigue turno; no dan los medicamentos en tiempo y forma; a los diabéticos no les dan las insulinas correspondientes; retacean los medicamentos oncológicos; no pagan a las cuidadoras. Ahora les cortó el convenio, por falta de pago, una empresa que provee de un polvo alimenticio para personas con discapacidad severa”.
También se refirió a la situación que viven los empleados: “Tenemos persecuciones, hostigamiento, cambio de sectores. Se sacó a un delegado gremial de su lugar”. Informó que en lo que va de la actual gestión “se trasladaron más de 30 personas” y señaló que “en semana fueron trasladadas 7 empleados”. Luego afirmó: “La semana pasada tuvimos dos despidos, de personas con contrato de obra que hacía 7 años estaban trabajando”.
Apuntó que los directores “tienen que administrar la obra social, no perseguir trabajadores”. Entendió que “el problema viene por enquistarse en un cargo” y recordó que Cañete “hace 7 años está” al frente del Iosper.
Juri lamentó la inacción de las autoridades del Gobierno provincial, “que están al tanto de todo”. “Por mucho menos se ha intervenido la obra social”, afirmó.
En declaraciones a esta Agencia, la titular de Seosper cuestionó que los integrantes del Directorio “sigan con las puertas cerradas” y no reciban “ni a afiliados, ni a prestadores, ni a los empleados”. En ese sentido subrayó: “Queremos una convocatoria para saber qué es lo que está pasando. Para que nos digan en la cara y no que nos enteremos por resoluciones”. (APFDigital)
