La Justicia suspendió y reprogramó la audiencia de declaración indagatoria a los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, acusados del asesinato del joven Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre 2018 en el barrio Capibá, de Paraná. La acusación parte de los abogados querellantes José Iparraguirre y Lucía Tejera, quienes representan a la familia de la víctima y que lograron que la investigación continúe a pesar de que el Ministerio Público Fiscal archivó las actuaciones en noviembre de 2020.
La audiencia de declaración indagatoria iba a realizarse el 2 de septiembre, tal como lo dispuso la jueza de Garantías Elisa Zilli luego de una audiencia que se realizó a fines de junio de este año. Sin embargo, esta instancia fue reprogramada para el miércoles 21 de este mes, a sólo cuatro días del cuarto aniversario de la muerte del joven de 19 años.
Se trata de acto procesal de importancia, ya que luego de ello los abogados querellantes podrán solicitar la remisión de la causa a juicio. Sobre esta solicitud, desde Tribunales trascendió que los defensores quieren que, si se avanza con la elevación a debate oral y público, sea un jurado popular el que evalúe el accionar de los policías.
El juicio por jurados en Entre Ríos fue aprobado por la Ley Nº 10.746, del 5 de noviembre de 2019. Por este sistema se juzga a quienes cometen delitos graves, cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión. Cada juicio se desarrolla bajo un Tribunal formado por un juez técnico y un jurado integrado por 6 mujeres y 6 hombres.
Cabe recordar que el 29 de junio se llevó a cabo una audiencia en la que los abogados Iparraguirre y Tejera, convertidos en acusadores al desistir la Fiscalía de ese rol, pidieron a la jueza Zilli la remisión a juicio de la causa, pero la magistrada hizo lugar parcialmente a los planteos de la defensa.
La defensa de los uniformados, a cargo de los abogados Miguel Cullen y Daniel Rosatelli, se opuso de modo enfático a la elevación a juicio debido a que aún no se había realizado la declaración de imputados de los policías investigados. Adujeron que, de avanzar, se caería en una violación de garantías constitucionales. Por ello, la jueza fijó un plazo de 15 días para realizar la imputación y, recién después, se celebraría la audiencia de remisión de la causa a juicio. También pidió a los querellantes que especifiquen en la imputación quién de los dos uniformados habría efectuado el disparo mortal.
Sobre la falta de indagatoria, entendió que «corresponde subsanar esta omisión (falta de imputación) y la parte querellante reciba declaración de imputado a Íbalo y Molina»; y agregó que «debe dársele la razón también a la defensa técnica en cuanto a la descripción del hecho de la parte querellante».
En ese sentido, la jueza explicó: «Si bien en términos generales satisface lo requerido, adolece de ciertas deficiencias y omisiones. En el hecho se le atribuye a ambos imputados haber efectuado un disparo contra Gabriel Gusmán. Luego en la misma pieza se precisa que Íbalo tuvo una intervención de partícipe necesario y Molina como autor. No se diferencia cuál fue el rol de los imputados en el hecho y no se precisa la participación necesaria de Íbalo».
La causa
El 4 de noviembre de 2020, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que investigaban las circunstancias en que se había producido el crimen del joven Gabriel Gusmán – ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná-, decidieron archivar la causa y señalaron que el caso se trató de «legítima de defensa» en respuesta a disparos que habrían recibido los uniformados Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo.
Ante esa decisión, los abogados querellantes Iparraguirre y Tejera, quienes representan a la familia de la víctima, presentaron el pedido de revisión del archivo de la causa. Sin embargo, el 10 de marzo de 2021, el Procurador General, Jorge García, firmó la resolución Nº 030 que confirmó la decisión de los fiscales Badano y Ramírez Montrull.
Los querellantes recurrieron ante la jueza de Garantías Elisa Zilli, quien el 12 de abril del año pasado hizo lugar al pedido para que la investigación salga de la órbita de la Fiscalía y quede en manos de la querella particular.
Pero la Fiscalía no estuvo conforme con esa decisión de Zilli y presentó un recurso de apelación en la que manifestó su disconformidad con la conversión del proceso y reiteró su postura de confirmar el archivo provisorio de las actuaciones. El 28 de mayo de 2021 el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, José María Chemez, confirmó la resolución de primera instancia.
El caso llegó a la Cámara de Casación Penal, que el 22 de diciembre de 2021 confirmó lo resuelto por los tribunales inferiores.
«Ahora, nosotros solo queremos la reconstrucción del hecho para que se pueda esclarecer quién de los dos efectivos policiales realizó el disparo que dio muerte instantánea a Gabriel, mi hermano, y una vez que se investigue, que la Justicia resuelva la pena que la ley prevé para el homicidio. Sólo así nosotros, la familia, podremos cerrar el círculo y poder continuar la vida», dijo Katy Gusmán, hermana de la víctima.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
