El abogado de uno de los imputados en la causa “Papá Noel”, doctor Marcos Rodríguez Allende, adelantó que correrá vista al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, del fallo del juez Leandro Ríos, para que se investigue la “probada relación” entre el intendente de Paraná, Sergio Varisco, sus funcionarios, y la organización delictiva dedicada a la venta de droga, comandada por Daniel Celis: “Queda absolutamente plasmado en la investigación, que las condiciones políticas han sido vitales para el crecimiento de la red de narcotráfico”, señaló el abogado, quien además opinó que “con esto, el señor Varisco no puede seguir un minuto más; O al menos, que no continúe mintiéndole a la prensa”, reseñó el abogado
Marcos Rodríguez Allende, abogado de uno de los imputados en la causa “Papá Noel”, mantuvo una extensa charla con Radio La Voz, en la que se refirió exclusivamente a la relación del intendente de Paraná, Sergio Varisco, sus funcionarios, y la red de venta de droga comandada por Daniel Celis, abordando párrafos textuales de la resolución del juez Leandro Ríos:
“Primero, ante todo, hubo una resolución de casi 200 páginas, donde el juez federal, a través de su secretario, el doctor Chaulet, tuvo un papel preponderante. Se elaboró el procesamiento y prisión preventiva de todos los detenidos. Algunos han apelado antes de la feria, por lo que se ha elevado la causa a la Cámara Federal de Apelaciones, para que revise si los procesamientos son fundados”.
“Estamos hablando de una causa donde no solo hay escuchas telefónicas, sino también testigos reservados”, puntualizó el letrado, en comunicación con Radio La Voz. “Ahora, la prisión preventiva está fundada por la gravedad de los hechos. Hablamos de una organización que comercializaba estupefacientes a altísima escala. Una organización donde cada uno cumplía un determinado rol. Si yo, como juez federal, le doy la libertad a la mano derecha del principal proveedor de marihuana no solo de Paraná, sino de todo Entre Ríos y parte de Santa Fe, sería un error judicial, y pondría en riesgo toda la investigación. Así que las prisiones preventivas están acorde a derecho en este sentido, y corresponden a asegurar que esta investigación, que fue muy bien llevada, termine en buenos términos en un juicio oral y público”.
“Acá hay dos cosas que faltan: primero determinar con más precisión, la participación de cada uno, cosa que muchas veces se hace en el juicio. No es lo mismo el que transporta en el camión municipal, que el que paga o el que llama por teléfono para citarse. Hay roles distintos. Con esto quiero decir que va a haber condena como autor, coautor, como parte de la organización, algunos de afuera, o partícipes secundarios. Eso por un lado. Después, viene la otra parte, donde el juez federal – si uno lo lee detenidamente – es evidente que el Fiscal, al menos en mi caso, como parte del proceso, le voy a pedir que se le corra vista al Fiscal y que tome una posición, ante semejante aseveraciones de parte del juez federal. Aseveraciones que son muy fuerte, y tornan como parte de la organización, con distintas características y responsabilidades, y en algunos casos el juez habla de ilícitos de competencia provincial”, agregó Rodríguez Allende, en comunicación con Radio La Voz.
“Solo como ejemplo: las palabras que voy a utilizar, son sacadas de lo expresado por el juez federal. No agrego ni saco nada. Hay renglones que llaman la atención: Cuando termino de numerar la prueba, el juez federal comienza diciendo que “El intendente Varisco, el concejal Hernández, y la funcionaria Bordeira, intentaron relativizar el acuerdo político formalmente y fehacientemente acreditado en esta investigación” (fin de cita) Para fundamentar esta afirmación, comienza a destacar, no solo prueba objetiva, sino pruebas testimoniales y prueba documental”.
“El desarrollo territorial, por parte de la organización criminal, liderada por los hermanos Celis, contó con un aporte estratégico, desde el preciso momento en que Daniel Tavi Celis y Silva logró celebrar un acuerdo con Sergio Varisco, asistido por Pablo Hernández, quienes luego fueran electos intendente y concejal de Paraná” (Fin de cita del juez Federal)
“Organizadamente, y en virtud del acuerdo político mentado, Daniel Celis y Cristina Celis, solventaron gastos de elaboración y confección de afiches y pancartas. En uno de los allanamientos en los Celis, se encontraron un montón de facturas a nombres de los Celis, de la municipalidad de Paraná, con la firma de Varisco. También se hicieron cargo de los costos de varias fiestas. Además, días previos a las elecciones pagaron 3000 bolsones, por un valor de 450.000 pesos. También solventaron gastos de móviles para trasladar a votantes en las elecciones, a razón de 1500 pesos cada uno, por día”.
“El juez dice que todo esto, tenía las siguientes contraprestaciones: se le debía entregar a Celis el manejo de la unidad 2, y del volcadero, incorporando a personas de estrecha confianza de Daniel Celis en cargos directivos y estratégicos, que permitieran el uso discrecional de bienes, para lograr la distribución disimulada de estupefacientes dentro de toda la ciudad de Paraná. Eso era solo la base del acuerdo político asumido con Varisco y Hernández. Otras cuestiones que el juez federal le reprocha al intendente municipal, es haber acordado obras públicas, porque Celis tenía testaferros en empresas constructores. Eso es cohecho”.
“En esas obras públicas, prometió el pintado de 3600 farolas, construcción de jardines de infantes, centro de rehabilitación, contratos que Varisco prometió celebrar con Celis y Silva, maniobra esta última que no llegó a concretarse”.
“Como no se concretó esto último, Varisco comenzó a cumplir, no con obras, sino con puestos de trabajo”.
“Por último, y como parte del pacto electoral, Varisco, asistido por Hernández, comprometió 40 cargos para las personas indicadas por Celis, que dicho acuerdo, continuó incluso posteriormente a la detención de Celis y su posterior condena. Se reunía, condenado y todo, en la Unidad Penal. Esto lo dice el juez federal. Yo no estoy agregando nada”.
“Las designaciones de personas por Celis, continuó incluso luego de la detención de Celis. También es cierto que Varisco no pudo o no quiso cumplir con otros puntos del acuerdo, la obra pública a Celis y Silva, alegando objeciones de la administración central nacional. Esto de que Silva es testaferro, lo dice el juez”.
“Tampoco devolvió el dinero prestado por Celis, y por ende, por el incremento comprometido por la desvalorización del dinero. Como indicio indubitado de la relación política de Sergio Varisco con Daniel Celis, deben destacarse dos episodios: de las escuchas telefónicas, Celis maltrata al Concejal Hernández, que hablaba y le pedía perdón cuando un semanario habla de Celis, y amenazaba con que iba a contar de qué forma le había dado el dinero a Varisco, y que fue Hernández quien lo busco.
Como indicio indubitado de la relación política entre Celis y Varisco deben destacarse dos episodios registrados, en las cuales se acredita la alta preocupación del intendente y sus colaboradores por la suerte judicial de su socio político. Ambos consisten en averiguaciones y gestiones telefónicas sobre la detención de Celis, una vez que fuera ordenado y ejecutado por el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Entre Ríos. Cuando Celis queda detenido, toda la familia y allegados de Celis van a la municipalidad de Paraná.
El primer suceso es la conversación en tono de negociación, que mantiene el entonces Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Marcelo Álvarez con el abogado Hugo Gemelli, quien representaba al consorte procesal del Celis, a raíz de un supuesto enojo, en tono de represalia, por parte del apresado hacia Varisco. Quería secuestrar, según Celis, a la hija de Varisco, porque supuestamente no estaba cumpliendo con el pacto político. Se advierte el interés por parte de los interlocutores, de encauzar la situación encomendando mutuamente gestiones, que mejoren la situación procesal de Celis, con el fin de evitar el conocimiento público de Varisco.
Dice el juez federal: el segundo suceso que me provoca la estrecha relación, es la inapropiada conversación, entre la señora Griselda Noemí Bordeira, en su carácter de miembro de la Secretaría de Seguridad de Paraná, con el funcionario policial Guillermo López, quien prestaba servicio en el mes de agosto de 2016 en el Departamento Diamante. En esa conversación, está clara la preocupación por parte de la funcionaria municipal, por obtener información del estado de situación de la detención, dado que familiares de Daniel Andrés Celis, iban todos los días al palacio municipal a pedir información, siendo la funcionaria destacada, Bordeira, y probablemente, Ricardo Frank, de contener la situación del modo más disimulado posible. La conversación, además de elocuente, es secreta – dice el juez federal – dado que Bordeira, antes de conversar la conversación, se aseguraba de que quien llame, sea una voz masculina, desde un teléfono de flota municipal, probablemente, la de su esposo, para una vez asegurado que el interlocutor, es su conocido, el funcionario policial Guillermo López, para iniciar el diálogo con una especie de contraseña, y hablar en la más absoluta reserva, porque la misma decía que tenía pinchado los teléfonos.
En definitiva – dice el juez federal – queda absolutamente plasmado en la presente instrucción judicial, una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales, y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes. Las condiciones políticas, institucionales y económicas, resultan de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento del narcotráfico. Y esta afirmación no es dogmática o general – dice el juez federal – sino que en base a una investigación que ha quedado evidenciada y acreditada suficientemente”.
Con esto, el señor Varisco no puede seguir un minuto más. O por lo menos, que no mentir más a la prensa, como lo hizo cuando fue a testificar, diciendo que no tenía o no sabía absolutamente nada al respecto. Esto lo dice el juez federal de la ciudad de Paraná, en base a dos años de investigación.
MEDIDAS A SOLICITAR
“Vamos a pedir que se profundice esta investigación. Habrá que determinar qué delito cometieron al aceptar ese dinero, y al acordar devolverlo de determinada forma”.
“Nadie está afirmando que Varisco sea parte de la organización de narcotráfico. Pero el juez federal dice que no podía no conocer que su campaña, que la plata que en algunos actos se licitó, a través de distintas publicidades, y con actitud de Celis, queda evidenciado que ese acuerdo existió. Varisco tiene que reconocer que tenía un acuerdo político con el mayor narcotraficante de marihuana de la región, y de la Mesopotamia”.
“Nadie dice que Varisco participaba. Pero no puede decir que no sabía quien era Celis porque las pruebas indican totalmente lo contrario. Ahora, qué tipo de delito cometieron al aceptar ese dinero, y que debían devolverlo a través de sus distintas formas, ahí está la cosa. La función es ver, poner a disposición del Procurador General de la Provincia… veremos qué fiscal lo tomará. Estimo que estamos ante delitos de competencia provincial. Si el Fiscal no corre vista, lo vamos a hacer nosotros. Para eso somos parte. Y esto se va a profundizar”, sentenció Rodríguez Allende.
(Radio La Voz)
