La Justicia rechazó por «inaceptables» los planteos hechos por los defensores de los imputados en el megajuicio que sentará en el banquillo al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.
El tribunal, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, coincidió con los argumentos de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, que planteó que desde el 5 de agosto rige la presencialidad plena en el Poder Judicial, y que por acuerdo general, se autorizó la realización de juicios.
«Descartamos que haya afectación de defensa en juicio», dijo el juez Chemez al leer la resolución, y al informar, además, que se permitirá la asistencia del 100% de los participantes de las audiencias en forma presencial, y no con un aforo del 70%. «Carece de sentido mantener el aforo del 70%», concluyó al resaltar las últimas medidas de flexibilización de las restricciones por la pandemia anunciadas por el Gobierno nacional.
«La suspensión resulta inadmisible, porque ya hubo 4 suspensiones de este juicio, y acceder a una nueva suspensión dejaría el proceso abierto sine die -sin plazo, sin fecha, en latín-, lo que resulta incompatible con las normas esenciales de seguridad jurídica», entendió el tribunal.
La decisión fue adoptada en forma «unánime» por el tribunal, que desechó el pedido de suspensión y fijó el día 27 de septiembre, a las 9, como fecha de inicio del megajuicio a Urribarri.
Las audiencias se desarrollarán los días lunes, martes y jueves, con una participación máxima de asistentes, entre jueces, secretarios, fiscales, defensores, testigos e imputados de 35 personas.
Urribarri, sin embargo, no estará de forma presencial sino que seguirá el desarrollo de las audiencias en forma virtual, desde su destino diplomático en Israel.
La discusión en torno a la realización o no del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, empezó el jueves 16 -ese día debían empezar las audiencias, hecho que no pudo ser-, siguió el viernes 17 y se terminó de resolver este miércoles 22.
Resolución Megajuicio Urrib… by Entre Ríos Ahora
Los defensores de los imputados pidieron la suspensión del megajuicio por cuanto la aplicación del protocolo sanitario para evitar los contagios Covid-19 afectaría el derecho de defensa, planteo que fue rechazado de plano por el Ministerio Público Fiscal.
El megajuicio, que se desarrollará durante 45 días, implicará el testimonio de 140 testigos, para lo cual el área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) elaboró un protocolo sanitario, que los defensores observaron críticamente, lo que derivó en sucesivas consultas con el Comité Organizador de la Emergencia Sanitaria (COES).
La Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, planteó que no se puede plantear afectación del derecho de defensa por aplicación del protocolo sanitario porque «no hay protocolo de audiencias; sólo lo habrá si el tribunal lo acepta. Solo son recomendaciones».
Qué se juzga
Son tres causas de corrupción acumulados, y de ahí el nombre de megajuicio: N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Cada una de esas causas se tramitaron en forma separada y, durante 2020, se fijaron los días de juicio. Pero en forma sucesiva fueron suspendiéndose. El jueves 13 de agosto, el tribunal que finalmente quedó para juzgar a Urribarri, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón –se habían excusado Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, primero; y Pablo Andrés Vírgala y Gervasio Pablo Labriola, después- decidió suspender, por razones sanitarias, el inicio del juicio, el “Sueño Entrerriano”, y resolvió la unificación: la primera, la «causa de la vaca», que se iba a concretar ese año pero se suspendió; «el Sueño Entrerriano», también suspendido; y el proceso que tenía fecha para octubre del año pasado, en el que se investiga la distribución amañada de publicidad oficial, que también se suspendió.
A la instancia del megajuicio se llegó luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño EntrerrianoLas audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 20202, a las 9, en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.Pero ese debate no se reaslizó.En abril de 20202, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2020, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tenía fecha para Urribarri.
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron agrupadas en un único megajuicio.Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda integrado el el tribunal que encabezará los debates.Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un pronunciamiento de primera instancia.El viernes 2 de octubre de 2020 un Tribunal rechazó los planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
