La cuarta jornada del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri tropezó, al final de los alegatos de apertura, este lunes, con un nuevo planteo de parte de un grupo de defensores sobre la denominada «causa de la vaca», una de las cinco investigaciones penales que han puesto al actual embajador argentino en Israel en el banquillo de los acusados desde el lunes 27 de septiembre.
Uno de los 15 imputados en la investigación penal que desarrolló el Ministerio Público Fiscal, el empresario publicitario uruguayense Fernando Montañana, se enfermó al momento del inicio de las audiencias de debate, y lo que resolvió el tribunal que integran los jueces José María Chamez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón fue excluirlo del proceso, y ordenar que se arme juicio aparte, cuando se recupere.
Pero el apartamiento de Montañana, cuestión resuelta hace una semana, generó este lunes una serie de cuestionamientos de parte de los abogados defensores. El primero que puso reparos fue el defensor, entre otros, de la contadora Corina Cargnel, Miguel Cullen. Le siguió el codefensor del exministro Pedro Báez, José Velázquez, que dijo: «La decisión de excluir a Montañana nos afecta en concreto y materialmente». Con diversas peculiaridades intervinieron también los abogados Marco Rodríguez Allende, Ignacio Díaz y Emilio Fouces, aunque no pareció que entre ellos hubiera una misma sintonía.
Rodríguez Allende, codefensor de Urribarri, y representante de Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel, y de su esposa, Luciana Almada, pidió que, en caso de que el tribunal rechace el pedido para la separación de otros imputados, además de Montañana, de la «causa de la vaca», «que las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas por el Juzgado de Garantías, en el caso de Montañana, dichas pruebas se mantengan vigentes para el desarrollo del contradictorio». Al oírlo, Emilio Fouces, abogado de Montañana, y del exministro de Turismo, Hugo Marsó, se opuso a la petición. «Me opongo a que se produzcan pruebas que fueran oportunamente ofrecidas por mi defendido», dijo.
Los representantes de la Fiscalía -Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- pidieron el rechazo, por extemporáneos, de los planteos de los defensores. El tribunal debe resolver el incidente, y la decisión se conocerá este martes, a las 11, cuando se reanude la audiencia del megajuicio a Urribarri.
La definición del tribunal no es menor: debe resolver si una de las cinco causas que llevaron a juicio a Urribarri queda a medio camino, o si el megajuicio sigue adelante tal como empezó: con las cinco investigaciones, y la exclusión de un único imputado, Fernando Montañana.
La investigación
“La causa de la vaca” tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el exjuez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.
Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.
Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.
Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales. La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos.
“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.
No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.
La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales.
El fiscal Brugo ya no está en la causa, pero la vaca quedó incorporada para siempre en esta investigación penal.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
