En las últimas horas, se conoció que decenas de trabajadores municipales de la ciudad de Paraná han sido notificados de la decisión del intendente Adán Bahl de dejar sin efecto sus categorizaciones y ascensos ya efectivizados. Se trata de empleados de la administración pública comunal que fueron nombrados durante la gestión anterior.
El argumento que utiliza el Ejecutivo municipal para llevar adelante esta decisión es que dichos nombramientos conllevan una “ilegitimidad y lesividad al municipio”.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo (UCR) se hizo eco de esta medida que consideró que tiene una intencionalidad política: “Considero que es decisión violenta hacia la estabilidad del empleado municipal que ve como sus derechos adquiridos -muchos ellos desde 2016- hoy se ven vulnerados, siendo una medida anticonstitucional la que toma el intendente”.
Agregó que “desde la vuelta a la democracia, todas las gestiones municipales han utilizado los mismos mecanismos de contratación, por lo tanto, resulta llamativo que el actual intendente observe ahora esta modalidad”. Allí observó que el objetivo de Bahl, es “atacar los nombramientos de otra gestión con signo político diferente, sin que importen demasiado los derechos de los trabajadores”.
Acevedo consideró que “los nombramientos de la gestión anterior fueron legítimos ya que -como en toda gestión municipal- hay organismos internos de control financiero y patrimonial, como lo son la Contaduría y la Tesorería municipal, quienes tienen el deber de observar y efectuar las oposiciones correspondientes”.
“Esos organismo de control, son llevados adelante por personal de carrera del municipio y que de ningún modo podrían verse teñidos por el color político de la gestión de turno”, clarificó la edil.
La actual vicepresidente del Comité Capital de la UCR, señaló que para que “el Presidente Municipal imparta una orden de pago ilegítima, el Contador que no la observe, y el tesorero que cumpla sin el previo visto bueno del contador, son civil, administrativa y penalmente responsables de la ilegalidad del acto. Por ende, resulta sospechoso que tantos decretos supuestamente ilegítimos hayan sido cumplimentados sin que hubiera ningún tipo de observación”.
Acevedo reiteró que que resulta “una evidente persecusión política hacia dichos nombramientos, siendo inaceptables que luego de más de un año y medio de su gestión los considere ahora lesivos a los intereses municipales y no cuando asumió, cuando se jactó de acusar a la gestión anterior de dejar un municipio vaciado. Ahora podemos observar que continuó con las obras de la administración precedente, e incluso licitando obras nuevas, siendo evidente que no hay falta de recursos en las arcas municipales”.
Finalmente, Acevedo se solidarizó con los empleados y manifestó que se encuentran a disposición los letrados de la UCR para la defensa de los afectados.
