Las primeras cuatro de las seis condenas fueron dictadas en procesos de juicio abreviado en marzo y mayo pasado, mientras que en agosto el tribunal concluyó el juicio oral y público respecto de otros dos acusados: el gendarme Lucas Llopiz y Aldo Neris fueron condenados a la pena de seis y cinco años de prisión, como también al pago de una multa de 30 y 50 mil pesos, respectivamente. Llopiz fue encontrado culpable del delito de confabulación en calidad de autor y Neris fue condenado como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización.
En el caso de Llopiz se verificó que, mientras prestaba funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de Gendarmería, llevó adelante tratativas con José Alberto Laurencio, uno de los principales responsables de la organización investigada, para llevar a cabo maniobras de narcotráfico, como, por ejemplo, brindar información relacionada con los vehículos utilizados para efectuar las investigaciones, entre otras colaboraciones.
En marzo y en mayo de este año el tribunal había condenado a seis años de prisión a Laurencio y a Nicolás Riveros, Franco Androjowich y Mauricio Riveros, miembros de la misma organización, a través del mecanismo de juicio abreviado. A todos ellos los consideró coautores penalmente responsables del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y almacenamiento, agravada por la intervención de tres o más personas. Les impuso además el pago de una multa equivalente a 30 mil pesos cada uno y dispuso el decomiso de automotores, embarcaciones, motovehículos y de otros elementos secuestrados en la investigación.
A través del debate se pudo establecer que la organización operó con permanencia en el tiempo, al menos desde marzo de 2017 y hasta el 23 de marzo de 2021, y que se dedicó a ingresar material estupefaciente que provenía de la República del Paraguay para transportarlo a diferentes localidades de Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, además de la ciudad de Buenos Aires.
El juicio oral que finalizó este viernes había comenzado el 7 de julio. A lo largo de tres audiencias declararon siete testigos. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal federal Aníbal Fabián Martínez, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias.
Investigación
La investigación del caso comenzó en marzo de 2017, cuando una persona de identidad reservada brindó información acerca de un procedimiento que había tenido lugar unos días antes por parte del personal de la Sección Núcleo del Escuadrón Nº 57 “Santo Tomé” de Gendarmería, en el control fijo “Paraje Cuay Grande”, ubicado sobre el Kilómetro 669 de la ruta nacional 14, en la ciudad de Santo Tomé. En esa oportunidad se interceptó a un camión Scania, semirremolque AST PRA, en el que se secuestraron 4631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3985,355 kilos.
Aquella persona declaró bajo reserva que se había encargado de contratar al chofer del camión interceptado para realizar viajes desde la provincia de Corrientes hasta Buenos Aires. Agregó que el camión en cuestión fue llevado hasta un lugar en la localidad de Virasoro, que queda por la colectora en el ingreso por la ruta 14, puesto que debían arreglarle las tapas y la cámara de frío, y que allí el camión fue entregado a una persona apodada “Gordo Posadas”, quien se movilizaba en un vehículo Chevrolet Cruze de color gris.
Añadió que, luego de una semana o diez días, aquél sujeto llamó al chofer para que fuera a buscar el camión al mismo lugar en Virasoro donde lo había dejado. Explicó que el 20 de marzo de 2017 el chofer se encontró allí con “Posadas”, quien le entregó el camión con el supuesto arreglo realizado y le dio 30 mil pesos para gastos del viaje. El camión fue luego interceptado y se procedió al secuestro de la droga.
Una vez que la causa fue delegada al Ministerio Público Fiscal, con la intervención de la PROCUNAR se encomendaron diversas tareas que derivaron en una extensa investigación que logró develar el alcance, la integración y las maniobras ilícitas desplegadas por la organización criminal, como también vincular y acumular otros expedientes radicados ante las jurisdicciones federales de Posadas y Rosario, en los que se habían secuestrado grandes cantidades de marihuana y cocaína, que tramitaban por separado pese a tratarse de la actividad organizada por la estructura criminal investigada.
El caso
La investigación permitió develar que la droga era ingresada al país desde la República del Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná ubicadas a la altura de la localidad misionera de Cerro Corá, y que luego era transportada a diferentes depósitos ubicados en Posadas.
Seguidamente, la droga era cargada en distintos vehículos y movilizada por vía terrestre hacia su destino final: Roldán, provincia de Santa Fe; Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. En estos destinos era entregada a otras personas vinculadas a las mismas actividades ilícitas y continuaba un derrotero comercial.
También se verificó que el grupo criminal adoptaba diferentes medidas en orden a asegurar o facilitar el transporte de la droga, ya sea el uso de vehículos que oficiaban de “punteros”, con la utilización de móviles sanitarios (ambulancias) o bien con la ocultación del estupefaciente en cargamentos de mercadería lícita, para disimular su traslado.
