Tres jóvenes fueron condenados este lunes, por mantener retenidos contra su voluntad y aplicar escalofriantes vejámenes a dos jóvenes que mantenían una deuda de dinero con uno de los acusados del tremendo hecho, según pudo confirmar Elonce.
Se trata del caso que fue revelado en agosto de 2022, por el programa Códigos, donde se dio cuenta del secuestro, torturas y vejámenes de dos jóvenes de la capital entrerriana, por parte de un grupo de sujetos que exigían el pago de una deuda.
En un proceso de juicio abreviado, en el que intervino, el juez Gervasio Labriola y el fiscal Laureano Dato, los tres acusados fueron condenados por “privación ilegítima de la libertad”. De esta manera, Patricio Damián Motta Mendoza, aceptó cumplir seis años y cinco meses de prisión efectiva, Matías Fernando Comas, acordó una pena de cinco años de prisión efectiva y, Francisco Nicolás Sosa Ferro, cumplirá seis años de prisión, pudo confirmar Elonce.
Secuestro y torturas
Entre algunas de las torturas que padecieron las víctimas, se mencionó que E.D, estuvo retenido durante seis horas, en las que le propinaron golpes en la rodilla con un martillo y le pellizcaron los dedos de las manos con una pinza.
En el caso de E.D., una de las personas que se encontraba en el lugar, filmó el violento hecho y lo subió a las redes sociales, para aterrorizar a los allegados a la víctima.
Mientras que en el segundo caso, la víctima fue S.M. y según relató fue sometido a una “picana eléctrica en diferentes partes de cuerpo”, dio cuenta Elonce.
Las víctimas mencionaron que los agresores, le exigían el pago de deudas que habían contraído con Motta Mendoza.
Seis horas de calvario
En una de las audiencias de la que Códigos fue testigo, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo una pormenorizada descripción del aberrante suceso que se extendió por más de seis horas, en el interior de la vivienda, donde la víctima (E.D.), fue retenida contra su voluntad por más de seis horas, luego de concurrir al lugar para saldar una deuda de $5 mil con el propietario de la casa, pudo confirmar Elonce. En ese lapso, el joven de 19 años de edad, sufrió un verdadero calvario que marca un grave antecedente en la historia policial de la ciudad.
El relato del fiscal
Así comenzaron las seis horas de calvario del joven de 19 años: con el pago de una deuda a los jóvenes que le habían prestado el dinero. “El joven llegó al lugar para pagar una deuda de 5 mil pesos, hizo entrega del dinero en el departamento de barrio CGT y lo hicieron pasar. Al llegar el joven que le había prestado el dinero, y otras dos personas, ataron de pies y manos con una soga a la víctima y comenzaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo”, relató el fiscal Laureano Dato en la audiencia llevada a cabo esta semana.
Además, según el relato del fiscal y el video dado a conocer por los agresores, le aplicaron electricidad en el cuerpo con una “picana”.
Herido con una pinza y “submarino”
Según relató el fiscal ante la presencia de los acusados, sus defensores y la jueza, los agresores “le cubrieron el rostro a la víctima con un trapo, le propinaron golpes en la rodilla con un martillo y le pellizcaron los dedos de las manos con una pinza”, afirmó Dato según pudo saber Elonce.
“Luego lo trasladaron a un baño, le taparon la cara con un trapo y le arrojaron agua en el rostro, por lo que le hizo interrumpir la respiración por unos instantes”, relató el fiscal.
Al respecto de ello, se debe aclarar que se trata de una antigua y escalofriante práctica de tortura, fue empleada en la época de la “Guerra fría” por los agentes de inteligencia. Además, consiste en generar la sensación de ahogamiento en la víctima y es muy angustiosa, incluso, puede ser mortal.
Grave calificación
“En ese lugar fue privado de su libertad, en contra de su voluntad y con la finalidad de que la víctima tolere las agresiones en su contra, por el lapso de seis horas y luego, le permitieron retirarse del departamento”, contó el fiscal en la audiencia que reveló uno de los casos más graves conocidos en la capital entrerriana.
La calificación que hizo el fiscal del hecho es “Privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”, lo cual establece una pena mínima de 10 años de prisión a un máximo de 25, explicó Dato.
