Los trabajadores de las ediciones papel y digital de El Diario, de Paraná, iniciaron una serie de medidas de fuerza ante el severo retraso en el pago de salarios por parte de la empresa editora, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER).
Durante la última semana, hubo un paro de actividades desde el lunes y hasta el jueves en el sector que elabora la edición papel y un quite de colaboración del sector digital del matutino paranaense.
SAER argumenta los efectos negativos de la economía y la caída de la pauta oficial como condicionantes para no cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios a sus trabajadores.
La novedad sobre la adopción de medidas de fuerza fue comunicada por los propios trabajadores en las redes sociales de El Diario.
Mientras, el concurso preventivo de El Diario, que se inició en 2018, avanza con la lentitud de una tortuga en el despacho del juez civil y comercial Nº 9 Ángel Luis Moia. En el marco de ese concurso, El Diario despidió ese año 80 trabajadores a los que no les pagó las indemnizaciones de ley.
En 2018, hace casi seis años atrás, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, de Paraná, entró en concurso preventivo, y está, desde que se inició ese trámite judicial, al borde de la quiebra. Ese desenlace explosivo no ocurre porque hay un juez al frente de ese caso que viene hace mucho ejerciendo un equilibrio resbaladizo.
El 20 de diciembre de 2023, el juez emitió una resolución en el proceso del concurso de El Diario: rechazó de forma cerrada la pretensión de los dueños de la empresa de conseguir una nueva prórroga para presentar los estados contables.
Dizque no tenían personal para hacerlo, dizque priorizaron el pago de sueldo, dizque la situación financiera es caótica.
Mucho antes, el 26 de septiembre, el evaluador del concurso, el contador José María González, le pidió al juez que obligara a SAER a la presentación de información y documentación contable. El día 27 de septiembre, y en un plazo de tres días, el magistrado intimó a la empresa a presentar esa documentación.
Nada.
El 17 de octubre, Día de la Lealtad, se presentó el señor evaluador y dio cuenta de que la concursada no había entregado la información requerida.
El juez les había dado tres días para hacerlo.
Un mes después del pedido del evaluador, se presentó el abogado de SAER y dijo que «resultaba temporariamente imposible cumplir». Y pidió más plazo. Presentó parte de lo que se le había requerido.
Aquella intimación de 3 días que había impuesto el juez Moia un mes atrás se volvía, entonces, purísima expresión de deseos.
El 30 de octubre el juez Moia anoticia al evaluador de la respuesta de SAER y le pregunta si con las carpetas incompletas entregadas al Juzgado podría hacer su trabajo. El magistrado le dio plazo de un día al evaluador para responder.
El 1º de noviembre se presentó el evaluador y le dijo al juez que no, que nada de lo que había presentado SAER respondía al requerimiento.
SAER se volvió a presentar a la Justicia el 15 de noviembre y anotició a su señoría que estaban trabajando en la petición que le habían hecho en septiembre, dos meses atrás, y que necesitarían otros 20 días para cumplir con lo pedido.
El 20 de diciembre de 2023 el juez rechazó la solicitud de la editora de El Diario y dispuso designar un «coadministrador» de SAER para ordenar lo que había que ordenar. Ese coadministrador haría la tarea que SAER no hizo.
El contador Valentín Cerini fue nombrado por el juez como coadministrador.
Todo parecía encaminarse, aunque el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el contador Cerini presentó excusación: invocó tres causales para no intervenir. A saber: en primer término, su parentesco directo con uno de los integrantes del estudio de sindicatura interviniente; segundo, el haber tenido intervención durante el período de verificación de créditos, colaborando con la recepción de documentación; y tres, refirió a un precedente del Juzgado Civil Nº 9 que consideró como una situación idéntica.
El 14 de febrero, Día de los Enamorados, inicio de la Cuaresma para los católicos, el juez Moia rechazó esas tres argumentación y confirmó a Cerini como coadministrador.
La historia, va de suyo, no termina aquí: el concurso de El Diario, que involucra el despido de 80 personas en 2018 a quienes no se les pagó las indemnizaciones de ley, es como el juego de la Oca: avanza un casillero, retrocede tres.
Para los 80 despedidos que esperan respuesta de la Justicia, el dado siempre cae al revés.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
