El exintendente de San Benito y exdiputado provincial por el PJ, Ángel Vázquez, se sentará en el banquillo de los acusados este jueves, a las 9, ante el tribunal unipersonal integrado por el juez de juicio Alejandro Cánepa. La acusación estará a cargo del fiscal Ignacio Aramberry, mientras que la defensa la ejercerá Marciano Martínez. El trámite continuará el viernes.
Se trata de una denuncia que arrastra desde junio de 2005. La causa había sido caratulada “Vázquez, Rubén Ángel –Cogno José Luis S/ falsedad ideológica de instrumento público”.
En tiempos en que era intendente de San Benito, Vázquez -ahora lanzó otra vez su precandidatura para dirigir los destinos del Municipio de San Benito. Fue denunciado por la supuesta falsificación de un decreto y una notificación oficial. Junto a otros funcionarios, fue acusado de falsificación de documento público, delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. En 2012, mientras cumplía su mandato como diputado provincial, la Justicia pidió su desafuero pero la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en aquel entonces presidida por el diputado-gremialista José Allende, rechazó la petición.
Según publicó Entre Ríos Ahora, hubo que esperar a que perdiera sus fueros cuando concluyera su mandato como diputado, hecho que ocurrió en diciembre de 2019. Aunque pasaron casi cuatro años hasta que por fin lograron sentarlo en el banquillo.
Vázquez fue intendente de San Benito en dos períodos: 2003-2007 y 2007-2011. En 2011 se convirtió en diputado por el PJ y renovó su banca en las elecciones de 2015 hasta 2019.
La causa contra Vázquez se inició en 2005 cuando el extesorero del municipio de San Benito, Edgardo Valdemarín, lo denunció por haberlo separado de su cargo mediante un procedimiento que notó irregular.
Concretamente, el denunciante afirmó que al regresar de una licencia por enfermedad, en julio de 2004, se le asignaron tareas de sereno y que en diciembre de ese año, tras solicitar el legajo para corroborar la disposición oficial, se llevó una sorpresa: se le pidió que firme una notificación del Decreto Nº 13 del 17 de diciembre de 2003, rubricado por Vázquez y su entonces secretario de Gobierno, José Luis Cogno, y al rubricarla advirtió que la notificación estaba fechada el 18 diciembre de 2003, es decir, un año antes. Así, se habría asentado que fue notificado un día después del decreto de Vázquez.
Según la denuncia de Valdemarín, al advertir que la fecha correcta de la notificación debía ser 15 de diciembre de 2004, se le quitó el documento de las manos.
En el decreto Nº 13, del 17 de diciembre de 2003, se hace referencia a una ordenanza que fue aprobada 13 días después, el 30 de diciembre de ese año.
A ello se suma que una pericia informática no habría hallado el archivo correspondiente al decreto Nº13, pero sí los decretos 12 y 14, que fueron creados en enero de 2004. La defensa legal de Valdemarín señaló que es materialmente imposible que Vázquez haya firmado el decreto Nº13 en diciembre de 2003.
El juez que instruyó la causa fue Héctor Vilarrodona, quien hoy disfruta de su jubilación. El magistrado estaba al frente del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Paraná.
En el año 2012, la Justicia dio por finalizada la instrucción suplementaria, pero no pudo fijar fecha de juicio ya que para entonces el imputado Vázquez era diputado y, por lo tanto, contaba con inmunidad parlamentaria. Atentos a ese impedimento para juzgarlo, se solicitó su desafuero mediante un oficio enviado al presidente de la Cámara de Diputados, José Allende, quien el 19 de diciembre de ese año respondió que la Cámara Baja rechazó el pedido. Al igual que con los casos Urribarri y Darrichón, y muy posiblemente también con Allende y Baéz, la Justicia deberá esperar hasta 2019 para comenzar a juzgar a Vázquez.
