Hay un caso gravísimo que motivó la separación del cargo de la titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, Josefina Beatriz Etienot, y que es parte de la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento que pone a la magistrada al borde de la destitución. No es el único: además, Etienot acumuló tantísimas denuncias por violencia laboral de parte de trabajadores y trabajadoras, y también de profesionales. Una médica psiquiatra del equipo técnico interdisciplinario (ETI) debió ser reubicada debido al hostigamiento y los malos tratos de la jueza.
El 9 de mayo de 2022, la jueza de Familia de Diamante autorizó la revinculación de una adolescente con un matrimonio de Paraná. A esa misma familia, en 2017, le habían revocado la guarda de esa niña y su hermano luego de que la pareja fuera denunciada penalmente por violencia física y psicológica hacia los menores. El caso fue finalmente archivado en la Justicia por cuanto los niños fueron tomados a cargo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y enviados a un hogar en Concordia.
En 2022, Etienot, ubicada como jueza de Familia de Diamante. autorizó la revinculación de uno de los dos hermanos -la niña- con aquel mismo matrimonio, integrado por el abogado Martín Navarro, que se incorporó como asesor legal en el Concejo Deliberante en tiempos en que la ahora jueza suspendida se desempeñó como viceintendenta, entre 2015 y 2019. Pero esa revinculación ordenada en mayo -contra todas las opiniones de los especialistas del Juzgado de Familia de Diamante. se dejó sin efecto dos meses después a pedido de la propia niña. Lo que siguió fue una denuncia penal por supuesto abuso sexual infantil contra uno de los integrantes de la pareja, caso que lleva adelante la defensora oficial Susana Carnero.
La historia de ese caso
Esa revinculación que autorizó Etienot entre una menor y una familia denunciada previamente por maltrato tiene un antecedente escandaloso.
La pareja conformada por los abogados Martín Navarro y Viviana Almada inició en el Juzgado de Familia de Diamante un proceso de guarda con fines adoptivos de dos hermanos, de 7 y 11 años, en octubre de 2013.
Navarro fue, hasta finales de 2016, asesor legal de la Defensoría del Pueblo de Paraná, cargo que perdió luego de que se viera envuelto en un escándalo. En realidad, cuando el caso estalló con ribetes de escándalo, pidió traslado al Concejo Deliberante. ¿Qué sucedió?
El viernes 2 de diciembre de 2016, a primera hora de la mañana, dejó estacionada su camioneta Toyota en calle Alem, frente al área de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná, y fue hasta las oficinas de la Defensoría, que entonces funcionaban a media cuadra de ahí, sobre Monte Caseros.
Había salido de su casa con los dos niños que tenía en guarda preadoptiva. Sólo que bajó con uno, la niña de 7 años; el nene, de 11, quedó adentro del vehículo. En la única explicación que se conoció por el incidente, de boca de su exjefe el exDefensor del Pueblo, Luis Garay, señalaba que el chico tenía sueño y quería dormir. Que lo dejó en el auto, durmiendo, con la recomendación de que cuando se despertara, bajara del auto –las puertas abiertas, sin llave—y se dirigiera a la Defensoría.
Navarro empezó su día de trabajo. Realizó trámites en el Colegio de Abogados y en Tribunales y cuando volvió a la Defensoría, se encontró con la punta del ovillo. Los empleados municipales que advirtieron la presencia del chico adentro del vehículo, solo, durante horas, hicieron lo que entendieron que debían hacer: llamaron al 911 y también al teléfono 102, la guardia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
La intervención del Copnaf derivó en una situación más grave que el simple abandono de un niño en un vehículo. Surgió entonces la sospecha de que el chico habría sido víctima de maltrato. Entonces, el paso siguiente fue dar intervención a la Justicia. La secretaria de la Defensoría General de la Provincia, Lorena Calí, empezó a actuar y, tras la revisión del niño por parte de un médico forense, hizo la presentación de una denuncia penal ante la fiscal de turno, Paola Farinó.
El caso después derivó a la fiscal Natalia Tafarel, que tomó la decisión de aplicar, por 90 días, una medida restrictiva: Navarro/Almada no podían acercarse a los niños, ni a la vivienda adonde ahora están alojados al cuidado de una familia guardadora. La carátula del expediente judicial en ese momento habló de “lesiones leves”.
Pero además, el Copnaf dictó una medida de protección excepcional para los niños mientras se tramitaba la causa penal y perdure la exclusión del hogar del matrimonio que pretendía la adopción de los dos hermanos.
Hubo una intervención también del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, que lleva adelante el proceso de adopción, antes a cargo de María Eleonora Murga, luego bajo la responsabilidad de Ana Cristina Quinteros Fagetti, quien ahora es jueza de Familia en Paraná.
Luis Lescano, el defensor de Menores de Diamante, fue el encargado de colaborar en la denuncia penal contra Navarro/Almada. El defensor general Maximiliano Benítez hizo pública cuál fue la postura del Ministerio Pupilar en el trámite de adopción que gestionó primeramente la jueza Murga, y dijo que “hubo una clara oposición al otorgamiento de la guarda”. Murga dejó su cargo de jueza de Familia en Diamante, fue jueza de Familia en Paraná y ahora es camarista en Concordia.
Pero en el Juzgado que hasta diciembre de 2015 atendió la jueza Murga no se atendieron los dictámenes técnicos y se avanzó con el proceso de guarda. “El período de vinculación empezó el 1º de octubre de 2013, y la guarda preadoptiva, se inició el 11 de diciembre de 2014. En el medio, en febrero de 2014, ya la gente del Registro de Adoptantes y el equipo técnico del Juzgado de Diamante, en conjunto con el Ministerio Pupilar, habían dicho que no era apto esto, y se sugería que cese la vinculación”, recordó Benítez entonces.
A esos dictámenes se agregó un nuevo informe, esta vez de la entonces defensora de Diamante, Noelí Gabriela Ballhorst, que también desaconsejó la vinculación entre los dos niños y el matrimonio de abogados, y argumentó que sería para evitar “mayor sufrimiento para ellos, y eventualmente ser incorporados a otra familia”.
La historia, circular, volvió a repetirse: otra jueza, otros equipos técnicos, otra situación, los mismos niños. La misma desprotección.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
