Distintas propiedades de los hermanos Claudio y Marcelo Javier Tórtul están siendo allanadas en Paraná por orden del Juzgado Federal de San Isidro. Los empresarios están sospechados de emitir facturas apócrifas y de los delitos de evasión y lavado de dinero. También Gendarmería requisa la sede de Enersa en busca de documentación.
Los allanamientos se realizaron en el barrio privado Puerto Urquiza, en la zona de Bajada Grande, donde los empresarios son propietarios de varias casas. Los uniformados obviaron requisar la vivienda que alquila el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, propiedad de los hermanos Tórtul. El mandatario reside allí desde principios de enero.
Pasadas las 13, Gendarmería desembarcó en el centro de la capital provincial en busca de documentación en la sede de Enersa. Los registros requeridos están relacionados a un contrato suscripto entre la compañía y los empresarios para el servicio de seguridad.
Los Tórtul se encargan de la seguridad de Enersa desde el último gobierno de Jorge Busti. En 2022 percibían por esa tarea unos 25 millones de pesos mensuales. De estrecha vinculación con su sucesor, Sergio Urribarri, lograron la continuidad en sus dos gestiones. Y luego fueron ratificados en el gobierno de Gustavo Bordet, mediante un contrato con irregularidades que fueron reveladas por ANÁLISIS en junio de 2022.
Desde su apertura, los Tortul se ocupan también de la seguridad del Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Mientras eran allanadas sus propiedades esta mañana, estaban a cargo de la seguridad del encuentro de gobernadores de la Región Centro que Frigerio encabezó en el predio.
Los allanamientos fueron ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. En la orden a la que accedió ANÁLISIS se indicó que se llevarían a cabo a partir de las 5 de la mañana.
En el marco de los procedimientos se ordenó a la Policía de Entre Ríos, específicamente al área encargada de las empresas de seguridad privada, la entrega inmediata de toda documentación vinculada con la habilitación de las empresas Segar Seguridad SA y Tornell SA para operar en el ámbito provincial.
El operativo fue puesto en conocimiento de los funcionarios en turno en el Juzgado Federal de Paraná.
Algunos antecedentes
Claudio Tórtul es presidente del Paraná Rowing Club. Junto a su hermano Marcelo aparecieron en el informe de los Pandora Papers, un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017.
Uno de los mejores momentos de los empresarios fue con Urribarri en el poder. En su primer gobierno, colocó al frente de Enersa al ingeniero Raúl Arroyo y poco más de diez días después su esposa, la ex abogada de Urribarri, Claudia Mizawak, pasó a ser vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La ex fiscal de Estado en el último gobierno de Busti -de quien también fue abogada defensora- pasó a ser una mujer con poder dentro de la cúpula judicial y sus tentáculos siguieron creciendo.
A través del fallecido operador bustista Oscar Pacha Mori, los hermanos Tórtul fueron haciendo una buena relación con Jorge Coco Mizawak, padre de la vocal del STJ y suegro de Arroyo, quien manejaba ENERSA y la Secretaría de Energía. Con Mori hicieron numerosos negocios en la década del ’90 y en los primeros años del 2000.
En agosto de 2008, la empresa El Guardián propiedad de los hermanos fue vendido al grupo europeo Security, en una importante cifra millonaria. Pero los nuevos dueños exigieron que siguieran los Tórtul al frente de la empresa en Entre Ríos, para garantizar la continuidad de los negocios.
No fue casualidad que cuatro años después, a poco de iniciado el segundo mandato de Urribarri -donde los negocios comenzaron a desarrollarse con una intensidad que no había tenido en la primera administración-, se constituyeran dos empresas constructoras, en una suerte de conjunción de las familias Tórtul, Mizawak, Marizza y Szczech.
La empresa constructora, denominada Construyendo Sociedad Anónima y habilitada para hacer negocios con el Estado, estaba integrada por la firma Caballi -que lidera Miguel Marizza-; Néstor Iván Szczech; Jorge Abraham Mizawak; Marcelo Javier Tórtul y Claudio Tórtul. Tenía domicilio legal en calle Junín 658, Piso 6o, Torre B, oficina A, de Capital Federal: el mismo domicilio del contador histórico de Miguel Marizza y de la familia Urribarri, José Saúl.
El 30 de mayo de 2013, todos los mencionados aparecieron conformando la empresa Residential Sociedad Anónima, en la misma sede de calle Junín, con el mismo objeto y con una duración de 50 años. No obstante, no estaba especificado el capital inicial. Residential es la empresa que terminó de construir el coqueto edificio de Catamarca 683. Lo hizo a través del Fideicomiso Alma del Parque, que se conformó en 2015. Se invirtieron más de 2 millones de dólares y se construyó una torre de 14 pisos, en 3.500 metros cuadrados de superficie. Los últimos pisos se vendieron en alrededor de 400 mil dólares cada uno; los demás, de dos dormitorios hasta el octavo piso, unos 200 mil dólares.
No era la primera vez que Jorge Mizawak (quien también aparece relacionado a la explosión comercial y de negocios de la empresa de venta de autos y motos Castellaro, de Paraná, además de la compra y venta de inmuebles, durante décadas) es socio de Marizza o Szczech. Ya en el 2007, específicamente en agosto -o sea, a escasos meses del inicio del primer gobierno de Urribarri, conformó la sociedad Mandato Fiduciario S.A., junto a los socios mencionados, para el desarrollo de una constructora e inmobiliaria. Ahí figuraba como director suplente el yerno de Mizawak, Raúl Arroyo, secretario de Energía de Entre Ríos. La firma, al poco tiempo dejó de existir, precisamente por la asunción de Arroyo a un doble cargo en el Estado entrerriano.
