La Justicia hizo lugar a un planteo hecho por la Iglesia -técnicamente, se denomina «interdicto de recobrar»- y ordenó al odontólogo Claudio Sapetti devolver la tenencia del viejo edificio del exAsilo San Antonio, ubicado en Paraguay e Italia, contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, que le había sido transferido por escritura pública por la congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad.
En una resolución que firmó el 31 de marzo la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1 Gabriela Sione se hizo lugar «a la pretensión de interdicto de recobrar interpuesta por el Arzobispado de Paraná y la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad contra Jorge Claudio Sapetti, y condenar a éste último a que, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, proceda a la restitución de la tenencia del inmueble sito en calle Italia N° 398 esquina Paraguay de Paraná, libre de todo ocupante y de ocupación, bajo apercibimiento de realizarse su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública».
Frente a la demanda de la Iglesia, Sapetti se presentó el 12 de septiembre de 2022 e interpuso «excepción de falta de legitimación activa manifestando que ni el Arzobispado de Paraná ni la
Parroquia Nuestra Señora de la Piedad ostentan ya la titularidad de la pretensión que intentan» y que «los actores pretendieron obtener la restitución de una tenencia que no detentan ni usan, ya que al momento de iniciar la demanda, el supuesto uso lo detentaba la Liga de Madres de Familias, la que reconoce ocupaba sólo una parte –una habitación- del inmueble referenciado». Y agregó que «los demandantes alegan la tenencia del inmueble que pretenden recuperar, pero sin embargo reconocen que lo ocupaban personas y/o asociaciones distintas a quienes se presentan como demandantes. Los demandantes no ostentan la
tenencia del inmueble sino que ocuparían solo un espacio las personas y agrupaciones que ellos mismos enuncian, por lo que, en mérito tal circunstancia, serían ellos quienes se encontrarían
legitimados para intentar recuperar la tenencia, y no el Arzobispado de Paraná y la Parroquia. Además interpuso caducidad del interdicto por haberse promovido después de transcurrido un año de haber tomado conocimiento el accionante de la ocupación y toma de posesión del
inmueble por parte del demandado».
“La Parroquia Nuestra Señora de la Piedad recupera de esta manera el uso y goce de un inmueble que detentaba, y cuya privación ocasionó tanto daño a la comunidad, pudiendo continuar desde ese lugar la misión de evangelización y de promoción humana que llevaba adelante”, dijeron desde la Curia. “Asimismo, el Arzobispado sigue bregando para arribar, en el marco del diálogo, a una solución justa, acorde al destino que tienen los bienes en la Iglesia como medios para la evangelización y para evitar mayores daños a tantas personas afectadas”, añadieron.
En ese marco, la Iglesia de Paraná hizo saber que “se ha dado intervención a la Santa Sede y se ha promovido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el trámite de mediación para dar solución a la cuestión”.
La parroquia de la Piedad funciona ocupando parte de las instalaciones que pertenecen a las franciscanas: los curas tienen su casa parroquial en el piso superior del edificio que da a calle Italia; mientras que en la construcción vendida por las religiosas a un particular se daban clases de catequesis, tenía su asiento la Liga de Madres de Familia; Cáritas; la Infancia Misionera; la Pastoral de la Salud; el grupo Magnificat; y Un Cielo Nuevo, jóvenes que una vez a la semana cocinan y arman viandas con la cena que reparten a personas en situación de calle.
Luego del entredicho con el comprador, la denuncia por usurpación que presentó la Iglesia y que la Justicia rechazó y el cambio de cerradura, ninguno de esos grupos ocupa ya esas instalaciones.
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, conoce al dedillo los teje maneje de la negociación: desde 2015 la Iglesia de Paraná procura acordar la venta de todo el edificio, aunque las conversaciones tuvieron un corte abrupto a mitad de julio último cuando las franciscanas anoticiaron a la curia que un año antes, en julio de 2021, habían cerrado negocio con Sapetti y habían vendido el edificio.
Marta Quipildor, la superiora de la congregación de las Franciscanas de la Caridad, ha sido un hueso difícil de roer para la curia paranaense. Según dicen los curas que han participado de la negociación, ha tenido una posición cerrada e incluso ha llegado al maltrato. «No es verdad que la Iglesia de Paraná haya pedido la donación del edificio. Desde 2015 se está negociando la compra. Participó el contador José María Ríos, y el arzobispo Mario Maulión (ya fallecido) tuvo una postura firme con las religiosas», dice Beatriz Toledo, que en agosto de 2021 firmó una carta documento junto a otras personas que fue dirigida al Arzobispado de Paraná, al Episcopado y a las religiosas, y en la que se pidió que se sentaran las partes a encontrar una vía de solución. Nunca hubo respuesta formal.
La Iglesia no solo llevó el tema a la Justicia. Ya dio intervención al Vaticano a través del nuncio en Argentina, Miroslaw Adamczyk, al arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, al Episcopado, y al prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, cardenal Joa Braz de Aviz.
La piedra de toque de este escándalo inmobiliario que involucra a la Iglesia de Paraná ocurrió el último 14 de julio: ese día, Puiggari recibió “sorpresivamente una nota” enviada por la superiora general del Instituto Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, mediante la cual pone en conocimiento que el inmueble había sido vendido al señor Jorge Claudio Sapetti (nunca antes se había efectuado tal anuncio pese a las tratativas que se venían realizando) y solicitaba arbitren los medios para que el párroco haga entrega de las llaves”.
La respuesta del Arzobispado a la comunidad religiosa ocurrió el 2 de este mes, cuando el vicario general de la curia, Eduardo Hugo Tanger envió una carta documento “advirtiendo la sorpresa y desaprobación de la venta, y requiriendo se informe en el plazo de 5 días si se ha dado cumplimiento con las disposiciones del Código de Derecho Canónico para la enajenación de bienes”. El día 6 de agosto, mientras el cura Horacio Correa celebraba misa, la escribana Marie Constance Berduc certificó la toma de posesión del inmueble por parte del odontólogo Sapetti.
“Al ingresar al lugar –detalla la presentación judicial- se encuentra (el cura Correa) con tres personas que se identifican como Jorge Claudio Sapetti, Adrián Pagana, cerrajero, y el doctor Cristhian Julio Panceri”. Añade que en el acta notarial que redactó la escribana Berduc “se dejó constancia que el señor Sapetti había ingresado al inmueble no por la puerta del frente sino por la puerta trasera y desde otro inmueble de titularidad de la congregación religiosa, procediendo al cambio de cerraduras y clausurando, a través de una cadena con candado, una reja que comunica el templo con el inmueble referido”.
La denuncia anticipa que la Iglesia también promoverá una demanda para reclamar “la nulidad de la venta en razón de estar configurada una enajenación en clara violación del Código de Derecho Canónico y cuya aplicación en el ámbito del derecho interno resulta obligatorio por el Concordato celebrado entre el Estado Argentino y la Santa Sede”.
Fallo Asilo San Antonio by Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
