Presente en esa ocasión, la ahora suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, quien está sometida a un proceso de jury por supuesto mal desempeño en sus funciones, dijo en el alegato de apertura que las cinco causas por hechos de corrupción que investiga la Justicia tuvieron un costo de u$s 8.660.600, según la matemática del Ministerio Público Fiscal. Ese monto, a valores históricos -aún dolarizado- es el perjuicio total de las maniobras que le reprochan a Urribarri, sus parientes, sus exfuncionarios y los empresarios ligados a su gobierno en el marco del megajuicio.
Goyeneche no estará este martes 1° de febrero en la reapertura del megajuicio a Urribarri, ni tampoco el próximo lunes 7, cuando se espera la declaración del exgobernador, ni el martes 8, para cuando está previsto que se inicien los alegatos de clausura. La funcionaria judicial batalla ahora con el Jurado de Enjuiciamiento, que le abrió un proceso de jury y la suspendió en el cargo. La acusación quedó en manos de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badajo y Juan Francisco Ramírez Montrull, que tendrán la tarea de sostener las imputaciones frente al tribunal que conforman José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.
Lo previsto para este martes
El 28 de diciembre pasado, con la declaración, entre otros, del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se cerró la etapa de testigos y lo que quedan son dos instancias clave: el 1° de febrero se aguarda la declaración de imputado del empresario Maximilinano Sena, ligado al cuñado Juan Pablo Aguilera, sindicado por el Ministerio Público Fiscal como un “prestanombres”; la esposa del cuñado, Luciana Almada, y su hermano, el funcionario de la Cámara de Diputados Alejandro Almada. En tanto, para el lunes 7 de febrero se aguarda la declaración de Aguilera y del exgobernador Urribarri.
Finalmente, el martes 8 arrancarán los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores. Entonces se conocerá un dato relevante: qué penas pedirá la Fiscalía para cada uno de los imputados. Las distintas causas penales se habían elevado a juicio en forma separada, pero después hubo un intríngulis judicial que derivó en la unificación de todos los proceso que se sustanciaron contra el exgobernador.
