Sumas millonarias robadas de las arcas del gremio, gran cantidad de irregularidades y la búsqueda de un acuerdo para evitar el juicio, alertaron a un grupo de trabajadores que reclama justicia desde hace varios años. Un informe de Cuestión de Fondo mostró los detalles de una causa compleja que va camino a juicio oral.
Dos causas tramitan en la Justicia relacionadas a desmanejos e irregularidades en el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) de Paraná.
La primera denuncia es de 2020 por usurpación de autoridades y malversación de fondos contra ocho miembros de la comisión directiva del sindicato. La investigación está a cargo del fiscal Santiago Alfieri. Tras un trabajo arduo de análisis del objeto de la denuncia, se decidió investigar solamente las maniobras con los fondos del sindicato.
La segunda causa se formó tras una ampliación de la primera denuncia y quedó en manos de Gonzalo Badano bajo el legajo número 196.295. Aquí se investiga la usurpación de autoridades y se responsabiliza a la directora de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación, Mónica Rissotto, por mal desempeño en la función pública.
Los denunciantes sostienen que a pesar de haberla puesto en conocimiento de que Héctor Nichea se hizo pasar por secretario General para retirar más de 3.000.000 de pesos de las arcas del gremio, y luego hacer un llamado a elecciones, la directora Rissotto pasó por alto esta grave irregularidad.
Esta causa tuvo un incidente de competencia entre el fuero provincial y el fuero federal, que se elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tres de los denunciantes, Fabián Carreras, Florencia Albornoz y Oscar Ríos, dialogaron con Cuestión de Fondo ante la preocupación por el avance de la causa judicial y la posibilidad de que los imputados puedan lograr un acuerdo para evitar el juicio oral. Advierten que se presentarán como querellantes para evitar este posible acuerdo y lograr el recupero de los fondos malversados y la inhabilitación de los acusados para ocupar cargos institucionales.
La causa “original”
La investigación de Santiago Alfieri hace un recorte temporal entre noviembre de 2020, cuando el entonces secretario General de Suoyem, Jorge Brocado, quedó internado, hasta abril de 2021, fecha en que –tras la muerte de Brocado en febrero- se cerró la cuenta del gremio en el Banco Bersa y se consignó el dinero. Luego, un juez civil determinó que ese dinero en consignación fuera depositado en una cuenta del Banco Santander.
Pese al pedido de Alfieri para abrir los movimientos de esa segunda cuenta, el juez Mauricio Mayer le negó el acceso. La intención era saber si se habían ejecutado en esas cuentas las mismas maniobras que se lograron determinar con la cuenta del Bersa.
Entre dichas maniobras, se detalló que desde el Sindicato no se pudieron presentar los libros que la ley de asociaciones sindicales exige tener, porque directamente no los tienen, el contador Abdala –que se desempeña como un asesor externo del Suoyem- tampoco pudo presentar ningún libro porque no existen libros de balances ni asientos contables.
Ante esto, la Fiscalía se dedicó a analizar los movimientos de las cuentas bancarias y a establecer la frecuencia con que se realizaban transferencias bancarias, y se pudo determinar que hay miembros de comisión directiva, empleados de la Municipalidad de Paraná y una persona ajena al Suoyem, que no es empleado municipal pero que trabaja como “asesor externo”, Osvaldo “Pacha” Palacios, que recibieron fondos del sindicato sin ninguna justificación.
Por ejemplo, se pudo determinar que quien estaba a cargo de las finanzas del sindicato, Fernando García, transfería dinero a su cuenta y luego a cuentas de sus familiares, y además se comprobó que se triangulaban pagos, de hasta dos millones de pesos, con dinero del Sindicato a Pacha Palacios.
